Chávez: la espectacularidad de un retorno inesperado



Al estilo de lo que los ingleses llamarían “high drama”, el presidente Hugo Chávez resucitó, de manera espectacular, del valle de los caídos políticamente, para volver a ocupar su trono en el Palacio de Miraflores.

La gran interrogante que muchos se estarán haciendo en estos momentos es: ¿cómo sucedió eso?
La respuesta es simple: las fuerzas dominantes en la oposición en contra del presidente Hugo Chávez, al parecer, nunca tuvieron como meta dar un golpe de Estado.

Eso no significa que no hubiese sectores conspirando en contra del gobierno del antiguo comandante militar. Eso siempre ha estado presente. Lo que quiere decir, más bien, es que desde el martes de la semana pasada, cuando sus opositores decidieron protestar en las calles y declarar una huelga por veinticuatro horas, lo hacían con un objetivo definido: manifestar su desaprobación por la forma como el gobierno había manejado el conflicto en la empresa petrolera del Estado.

De ahí en adelante lo que ocurre es un escalamiento del nivel de confrontación entre gobierno y oposición que hace que el paro se extienda por cuarenta y ocho horas y luego se torne por tiempo indefinido hasta culminar con el choque sangriento que dejó un saldo de varios muertos y decenas de heridos.

Fue ese desenlace trágico lo que determinó un cambio brusco en el panorama político venezolano. Ante la situación de caos, y ante la incertidumbre de que los hechos sangrientos pudieran continuar y tornarse inmanejable, un sector militar decide retirarle su apoyo al presidente Hugo Chávez y le exige presentar renuncia.

La legalidad de los hechos

Los sectores que actuaron en contra del gobierno de Chávez nunca admitieron haber ejecutado un golpe de Estado. Siempre se insistió en que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela había renunciado.

La diferencia es capital. Si se aceptaba la idea de que el presidente Chávez había renunciado y de que el vicepresidente Diosdado Cabello había abandonado sus funciones, la nueva situación quedaba plenamente legitimada.

Pero no fue así. Chávez nunca renunció ni el vicepresidente tampoco abandonó sus funciones. El primero que lo hizo saber fue el Fiscal General de la Nación, Isaías Rodríguez, en unas declaraciones que ahora, restrospectivamente, podrían catalogarse de claves.

El segundo factor que intervino a favor de un cambio de la situación conveniente a la restauración del orden institucional fue la declaración de los jefes de Estado reunidos en la Cumbre del Grupo de Río, quienes decidieron invocar la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre del 2001, en Lima, Perú.

De conformidad con la referida Carta Democrática, en caso de que en un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Entre las decisiones que el Consejo Permanente o la Asamblea General de la OEA pueden adoptar, de conformidad con la propia Carta del organismo regional, se encuentran el de suspender al Estado miembro y el de emprender gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia.

Por lo demás, la actitud de México, de invocar la Doctrina Estrada, de mantener relaciones diplomáticas sin reconocer al nuevo gobierno, y las reacciones de Argentina y Uruguay de no reconocer diplomáticamente al gobierno de facto, fueron también elementos cruciales que no favorecieron la imagen del gobierno emergente.

Para lograr en forma legal e institucional la salida del presidente Chávez del poder, los opositores a su régimen debieron haber invocado la figura de la revocación popular del mandato prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República.

Esa disposición, combinada con el artículo 71 del mismo texto legal le habrían permitido, con el apoyo de tan sólo el diez por ciento de los electores inscritos en el registro electoral, solicitar la realización de un referendo consultivo a los fines de conocer la revocación popular del mandato presidencial sin necesidad de esperar el cumplimiento de la mitad del ejercicio del período de gobierno.

Pero no se actuó de esa manera. Y al final, nadie quería responsabilizarse de una acción que temían no sería reconocida por la comunidad internacional.

Los errores de Carmona

Además de no actuar de acuerdo con el criterio establecido en la Constitución y de no querer asumir las consecuencias de un golpe de Estado, el grupo que emergió con poder después de los conflictos del jueves 11 de abril, encabezado por el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, incurrió en un conjunto de errores que resultaron decisivos en su acelerada e inesperada caída.

Si no se estaba en capacidad de aceptar que lo que se había hecho, desde el punto de vista de la legalidad, era un golpe de Estado, el gobierno de facto nunca debió haber declarado la disolución de la Asamblea Nacional, dejar cesantes a los integrantes del Tribunal Supremo, anular la Constitución para volver a poner en vigencia la de 1999, y eliminar el nombre de Bolívar en la designación del país.

Las diferencias con el estilo de gobernar de Chávez o con el contenido de sus políticas no podían conducir a desconocer la legalidad y la legitimidad de instituciones fundamentales del Estado de Derecho.

No estaba en cuestionamiento la forma de elección de los legisladores integrantes de la Asamblea Nacional, o con la manera en que fueron escogidos los demás representantes de las instituciones estatales.

Proceder al desmantelamiento de esas instituciones y a la persecución política de algunos de sus representantes era proceder en la forma en que aparentemente no se deseaba y se había querido evitar: conforme a un golpe de Estado.

La reacción del alto mando militar de rectificar los errores cometidos por el gobierno efímero de Pedro Carmona fue acertada. Pero fuera de tiempo. Y en lugar de contribuir a fortalecer la imagen del nuevo régimen, la debilitó.

El grupo de la Central General de Trabajadores (CTV), nunca se integró al nuevo gobierno, y mientras todo eso ocurría, las fuerzas leales al presidente Chávez lograban reagruparse. Al parecer, los mandos medios de las Fuerzas Armadas presionaban a sus superiores para que se respetase la institucionalidad democrática y los grupos políticos de apoyo al hasta entonces destituido presidente Chávez pasaron a tomar el control de las calles.

Al final, abrumado por la falta de reconocimiento internacional, el peso de los errores cometidos, las divisiones internas, el sólido apoyo de un grupo de militares a Hugo Chávez y la carencia de una decidida vocación golpista, Pedro Carmona se desmoronó.

La nueva institucionalidad internacional

Debido a que tanto el desplome como el retorno de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela estuvo matizado por factores internos de la realidad venezolana, tal vez no logre apreciarse plenamente la manera en que la nueva institucionalidad del sistema interamericano habría gravitado en la virtual solución del conflicto.

Sin embargo, se trata de un factor esencial, pues si en todo momento los actores de la deposición del presidente Chávez del poder evadían ser considerados como los responsables de un golpe de Estado, es porque sabían que no podrían encontrar respaldo en la comunidad internacional.

Por supuesto, esa situación es el resultado de un proceso que se inició en 1991, con la adopción, en Chile, del llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, el cual apuntaba a fortalecer los nuevos gobiernos civiles electos en América Latina, surgidos desde los años ochenta en el contexto de una transición política de regímenes autoritarios o dictatoriales a regímenes democráticos y pluralistas.
Para darle aplicación práctica a los principios consignados en el Compromiso de Santiago, se elaboraron la Resolución 1080, del 5 de junio de 1991; el Protocolo de Washington, del 14 de diciembre de 1992, y ahora, recientemente, la Carta Democrática Interamericana, del 11 de septiembre del 2001.

Esos textos representan la nueva institucionalidad del Derecho Internacional Público y Americano de la post-Guerra Fría, los cuales eliminan la orientación ideológica predominante en algunas disposiciones previas, y se consagran a la creación de efectivos mecanismos regionales de promoción de la democracia y protección de los derechos humanos.
Dichas normas, por supuesto, no surgieron del vacío. Representan, de alguna manera, la continuación de una corriente de pensamiento expresada originalmente a través de la llamada Doctrina Tobar, en honor de su autor, el diplomático ecuatoriano, Carlos R.Tobar, quien desde los albores del siglo XX propuso una política de no reconocimiento automático colectivo a los gobiernos que llegaran al poder por medios no democráticos.
La Doctrina Tobar fue retomada durante la década de los sesenta por el presidente venezolano, Rómulo Betancourt, quien, por medio de la llamada Doctrina Betancourt, igualmente proclamó, como principio del sistema interamericano, el no reconocimiento a los gobiernos surgidos por medio de un golpe de Estado.

Las nuevas normas institucionales del sistema interamericano fueron aplicadas en Haití, en 1991, luego del golpe de Estado de que fue objeto el presidente Jean Bertrand Aristide, quien inicialmente se refugió en Venezuela.

En el caso haitiano, el nivel de compromiso de la comunidad internacional con la democracia llegó a un nivel tal que Aristide fue restituido en el poder mediante una intervención militar directa.

Pero además de Haití, las nuevas normas institucionales fueron igualmente aplicadas, con rapidez y eficacia, en la disolución del Congreso decretada por el presidente Alberto Fujimori, en Perú, en 1992; el auto-golpe intentado por el presidente Jorge Elías Serrano en Guatemala, en 1993, y el golpe de Estado llevado a cabo en Surinam, en 1994.

En el caso de Venezuela, lo que iba a estar en juego en la próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA era si la Carta Democrática Interamericana, la que fue concebida para garantizar la permanencia en el poder de los regímenes escogidos democráticamente, podía tener aplicación aún en el caso de un personaje tan controversial como Hugo Chávez.

No hubo necesidad de ponerla a prueba. Hugo Chávez retornó al poder con la misma celeridad inesperada con que había caído. Aunque en su retorno hubo más sorpresa y mayor espectacularidad.