El caso Camilo y el mundo orwelliano



Cuando todos llegamos a creer que la intransigencia inicial del Gobierno se iba a diluir, fuimos testigos de la inesperada citación a Rafael Camilo por ante la Procuraduría General de la República. Allí se le sometió a un largo y tedioso interrogatorio con el cual se procuraba obtener su retractación. En caso contrario, sería sometido irremediablemente, por ante los tribunales.

Por supuesto, el método de procurar la retractación del disidente no empezó, en este gobierno, con Rafael Camilo. Se inició con el aparatoso incidente de las Matas de Farfán, en el cual un humilde ciudadano fue buscado en helicóptero por el jefe de la Policía, para ser detenido, sólo por haber dicho que en su comunidad no había agua.

Cuando el hombre fue puesto en libertad, retorno a su lugar de origen, y allí dijo que se arrepentía de los comentarios que había hecho. Que cuanto había dicho no se correspondía a la verdad. Que no había sido su intención criticar al gobierno o dañar la imagen de nadie. Su único problema era, sencillamente, que cuando quería bañarse en su casa nunca encontraba agua.

Aquella confesión parecía una reencarnación de Galileo, el sabio astrónomo de la Edad Media obligado por la Inquisición a abdicar de sus convicciones científicas.

Ya luego fue la situación suscitada con el empresario Luis Yangüela, a quien momentáneamente se le privó de su libertad por los comentarios contrarios al Gobierno que había emitido a través de una estación de radio en San Francisco de Macorís.

Con anterioridad y posterioridad a esos episodios, ha habido múltiples casos en los cuales, desde la órbita oficial, se ha procurado censurar, intimidar o presionar a quienes hacen uso de los medios de comunicación para que no puedan expresar con entera libertad sus juicios u opiniones acerca de lo que ocurre en la República Dominicana.

Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, de ese estado de cosas, no es tan sólo que se esté atentando contra el ejercicio de uno de los derechos fundamentales dentro del sistema democrático, como lo es la libertad de expresión, sino el que se esté recurriendo al terror psicológico y a la degradación de los valores humanos para pretender alcanzarlo.

Hace muchos años, George Orwell, el destacado escritor inglés, en su novela, 1984, alertó al mundo sobre el carácter nocivo y pérfido de los totalitarismos. Sobre lo envilecedor que resulta la humillación y el vejamen que se cierne sobre el alma humana.

Para ilustrarlo, dibujó un mundo espeluznante, en el que todo estaba sometido al control absoluto del Estado, representado a través de la figura del Hermano Mayor, cuyo rostro, en una telepantalla, aparecía en todas las esquinas.

La gente temía estar sometida a la mirada escrutadora de aquel rostro omnipresente. Sentía que todos sus pasos, todos sus movimientos y acciones estaban controlados por ese ser mágico y desconocido, bajo cuya eficie se leía esta inscripción: El Hermano Mayor Te Vigila.

La vigilancia no sólo era física. También era espiritual. Era hacia adentro del individuo. Existía una Policía del Pensamiento que cuestionaba e inspeccionaba todo lo que pudiese cruzar por la cabeza de las personas. Toda idea contraria, todo sentimiento adverso a lo proclamado por los amos del poder, era detectado y sometido a crueles castigos.

Hacer que la gente llegue a sentir temor de sus propios pensamientos revela un cuadro aterrador. Pero es igualmente horripilante obligarle a tener que retractarse de sus ideas y opiniones. Eso degrada al ser humano. Lo convierte en un individuo dominado por el miedo, despojado de dignidad y de decoro.

Confieso que al ver en estos días en los principales diarios de circulación nacional el informe presentado por los abogados de la Procuraduría General de la República, en el que recomiendan la puesta en movimiento de la acción pública en contra de Rafael Camilo, sentí escalofrío.

Comprendí, una vez más, lo peligroso del poder. De cómo desde esa posición de mando, se pueden orquestar, manipular y presentar situaciones y circunstancias para los fines y propósitos más increíbles y deleznables.

La libertad de expresión, para bien de la democracia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en la República Dominicana, en lugar de ser limitada, debe ser fortalecida, y para eso es imprescindible, en primer lugar, que desde el gobierno se adopte una actitud de mayor tolerancia y flexibilidad hacia las opiniones de los diversos sectores de la sociedad.

Pero en adición, requiere que bajo ninguna circunstancia los ciudadanos se dejen intimidar por la utilización de presiones y medidas de coacción que van en contra de los valores y los cimientos de un régimen plural por el que tanta sangre se ha derramado en nuestro país.

Aceptar esa situación de fuerza sería como una renuncia a nuestra condición humana.