La Suprema Corte en defensa de la libertad



En fecha 7 de marzo del año en curso, la Suprema Corte de Justicia dictó una resolución de gran trascendencia que viene a establecer un nuevo criterio de interpretación respecto de la Ley No. 341-98 sobre Libertad Provisional Bajo Fianza.

En efecto, en virtud de la referida resolución, nuestro más alto tribunal de justicia acogió el recurso de apelación interpuesto por la señora Grecia María Peguero Rivera y revocó la sentencia dictada por la Cámara de Calificación de Santo Domingo, que le había denegado su solicitud de libertad provisional bajo fianza.

La importancia de la decisión adoptada por la Suprema Corte consiste en que permite enmendar, aunque sea de manera parcial, la concepción errónea e injusta que se tiene en la actual legislación sobre libertad provisional bajo fianza acerca de la situación de prevención de que son objeto algunos acusados.

Conforme a la ley actual, una persona privada de su libertad mediante una acusación de carácter criminal, tendría el derecho de solicitar su libertad provisional bajo fianza al Juez de Instrucción o a la Cámara de Calificación.

Si esas dos instancias judiciales deciden negarle al prevenido su solicitud de libertad provisional, éste perdería el derecho de hacer una nueva petición al juez apoderado del conocimiento del fondo de la acusación, con lo cual tendría que permanecer en prisión hasta que se dicte sentencia.

No cabe dudas de que esa es una concepción de la libertad violatoria de la Constitución de la República, así como de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Es la negación al principio, de reconocimiento universal, acerca de la presunción de inocencia.

En el escenario descrito, se presume la culpabilidad del individuo, al mantenérsele en prisión, cumpliendo de manera anticipada o preventiva una condena que aún no se ha producido y que podría no ocurrir nunca, si el acusado es favorecido con una sentencia de descargo.

Hay una hipótesis, sin embargo, que podría hacer mitigar los efectos descarnados de una concepción no sólo equivoca sino arbitraria acerca de la libertad de los individuos sometidos a un proceso de persecución judicial.

Es el caso que se refiere, precisamente, a la señora Grecia María Peguero Rivera, quien, para no verse sometida a una injusta situación de prisión por tiempo indefinido, decidió no solicitar la fianza al Juez de Instrucción, sino que brincó esa instancia y lo hizo, por vez primera, a la Cámara de Calificación. Esa Cámara, actuando con un criterio o concepto equivocado con relación a cuándo debe o no concedérsele la fianza a una persona, rechazó su petición.

A partir de ese momento, Grecia María Peguero Rivera interpone un recurso de apelación por ante la Suprema Corte de Justicia, a los fines de hacer revocar la decisión de la Cámara de Calificación, y de esa manera recuperar su libertad, de la cual había sido despojada por más tiempo de lo que de manera justa habría sido requerido.

Nuestra Suprema Corte, en una decisión sabia y práctica, admite que la interposición del recurso de apelación por parte de la peticionaria no hace más que cumplir con el principio del doble grado de jurisidicción, toda vez que no se había agotado la vía del Juzgado de Instrucción como primera instancia del proceso.

Si la más alta autoridad judicial de la República no se hubiese pronunciado en la forma en que lo hizo habría condenado a la apelante a un período indeterminado de prisión, pues ésta, simple y llanamente, habría perdido su derecho a volver a solicitar su libertad provisional por ante el juez apoderado del conocimiento del fondo.

Hay, con relación a la actual ley de libertad provisional bajo fianza, un tercer escenario, igualmente funesto y violatorio de los derechos humanos. Es el que consiste en que la persona que guarda prisión preventiva opta por no solicitar su libertad por ante el Juzgado de Instrucción ni la Cámara de Calificación, con la esperanza de poder recuperarla de manera provisional por decisión del juez de la jurisdicción de juicio.

¿Se imaginan ustedes? ¿Guardar prisión por temor a que se niegue una solicitud de libertad provisional que luego haría la prisión indefinida? ¿En qué lugar del mundo democrático y civilizado existe eso?

El ejemplo de Grecia María Peguero Rivera ha sido paradigmático. Representa una solución judicial, parcial, a un problema que se encuentra en el espíritu de una ley que debe ser modificada, para que en lugar de desconocer el principio de presunción de inocencia, parta de la premisa de que la prisión preventiva es tan sólo una medida de seguridad y no una condenación anticipada del inculpado.

Por eso celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia como el primer gran paso en la corrección de un desaguisado que después del derecho a la vida afecta lo más sagrado del ser humano: la libertad.