La Suprema Corte y las Tendencias del PRD



En su editorial del pasado viernes, 4 de enero, Listín Diario afirmaba que con su decisión de declarar la nulidad de la ley que convocaba la Asamblea Revisora a los fines de modificar la Constitución de la República e introducir la reelección presidencial y la posibilidad de extensión del mandato de los actuales legisladores, la Suprema Corte de Justicia salvó la democracia dominicana.

Es posible que así sea, pero inmediatamente habría que aclarar que quienes estaban poniendo en peligro la democracia dominicana eran las distintas tendencias del PRD, que con sus luchas internas de poder, las hacían reflejar a través de dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.

Desde un primer momento, los promotores en el Congreso Nacional de la reelección presidencial y de la prolongación del período en dos años, actuaron con total inmadurez e irresponsabilidad, mientras que desde el Poder Ejecutivo, los más cercanos colaboradores del Presidente de la República se condujeron en forma desaforada e incierta.

Más aún, parecía haber una falta de sintonía entre el jefe del Estado y sus seguidores, tanto del Congreso como de su entorno palaciego. Mientras el primer mandatario de la nación repetía su oposición tanto a la reelección como a la prolongación del período, sus partidarios transmitían la impresión de estar interpretando sus palabras al revés, con lo cual se producía una de dos, o un acto de desobediencia hacia su autoridad, o un acto de simulación teatral, en el que se pretendía obtener en los hechos los propósitos que se negaban de palabra.

Sea como fuere, el Presidente de la República actuó en forma correcta cuando designó por decreto una comisión integrada por representantes de diversas organizaciones de la vida nacional, con la finalidad de identificar los distintos aspectos a ser incluidos dentro de una verdadera reforma a la Constitución de la República.

La comisión cumplió con su cometido, y con posterioridad las principales fuerzas políticas del país firmaron un pacto en virtud del cual se comprometían en lo inmediato a convocar la Asamblea Revisora para reformar lo relativo a los colegios cerrados, la elección de representantes en el Parlamento Centroamericano, la reducción del porcentaje para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales e incorporar en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente.

Todas las reformas sugeridas por la comisión designada por el Poder Ejecutivo, así como otras que eventualmente pudiesen ser consideradas, incluyendo el tema de la reelección presidencial, podrían ser valoradas en forma democrática por la Asamblea Constituyente.

Pero ocurre que luego del inmenso esfuerzo de la comisión de reforma constitucional y de la firma del pacto entre los partidos, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un documento diferente al que había sido suscrito entre los representantes de las distintas organizaciones políticas.

Ese hecho suscitaba falta de credibilidad y de confianza por parte de los principales actores de la vida nacional respecto a la forma de proceder del gobierno, y generaba incertidumbre y confusión sobre las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

La presencia en las gradas del Senado de destacados voceros del Palacio Nacional, supervisando la votación en ese hemiciclo a favor de la reelección presidencial, provocó en muchos numerosas interrogantes y sospechas respecto de quién o quiénes estaban realmente detrás de esos planes.

El acuerdo con el Partido Reformista no hizo más que incrementar esas dudas; y en principio, la instancia ante la Suprema Corte de Justicia solicitando la declaratoria de nulidad de la ley que convocaba a la Asamblea Revisora se interpretó como un intento de legitimar por vía judicial lo que ya había sido objeto de repudio por parte de la opinión pública.

El presunto error de fundamentar la instancia en el artículo 38 de la Constitución, que hace referencia a quiénes tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes, en lugar del artículo 39, que es el que se refiere al procedimiento y los plazos en el conocimiento de las leyes, dio origen a considerar que se trataba de un subterfugio orientado a impedir que el más alto tribunal de la República pudiese fallar a favor de lo solicitado, esto es, de la nulidad de la ley que convocaba la Asamblea Revisora.

En su sentencia, la Suprema Corte de Justicia hizo caso omiso del error, y acogió la solicitud del Poder Ejecutivo. Pero éste, al revés de los representantes de otras tendencias de su partido, no ha reaccionado con el júbilo esperado ante su aparente victoria. Por el contrario, lo ha hecho con parquedad, como si hubiese sido sorprendido por su propio triunfo.

Al tiempo de salvar la democracia, como asegura el editorial del Listín, con su decisión ¿no resolvió acaso también la Suprema Corte una lucha de poder entre las diferentes tendencias del PRD? Y si es así, ¿es justo que el aparato judicial sea involucrado en los conflictos internos de ese partido, o que los distintos poderes del Estado se vean afectados por sus luchas intestinas?