La vuelta a la política



A partir de 1978, con la llegada al poder de don Antonio Guzmán, se produjo un cambio en la naturaleza del debate político nacional. Desde 1961, esto es, desde la muerte de Trujillo hasta 1978, la orientación del debate público nacional había sido de carácter esencialmente político.

Era lógico que así fuese. Después de más de tres décadas de una dictadura férrea, lo más trascendente para la población era la recuperación de la libertad y la posibilidad de ejercer a plenitud las distintas prerrogativas constitucionales.

En esa dirección se iba con la elección a la Presidencia de la República del profesor Juan Bosch. Pero su derrocamiento, la instalación de un régimen de facto, la Revolución de Abril de 1965, la ocupación militar norteamericana y el período de los doce años del doctor Joaquín Balaguer, determinaron que los temas referentes a la legitimidad gubernamental, la soberanía popular, los derechos humanos y las libertades públicas ocupasen el lugar central en la agenda nacional.

Fue a partir de don Antonio Guzmán cuando eso empezó a cambiar. Sus primeros actos de gobierno así lo revelan: libertad para los presos políticos y retorno de los exiliados.

Su llegada al Palacio Nacional representó una especie de transición política, marcada no sólo por el hecho de que se produjo una alternancia en el ejercicio del poder político, basada en la expresión popular, sino porque entre sus planes estaba el de superar el déficit democrático que había caracterizado la vida nacional durante el período post-trujillo.

Sería un acto de mezquindad histórica no reconocerle al presidente Guzmán el aporte que realizó al país con el solo hecho de garantizar el respeto al ejercicio de las libertades públicas y el de ser abierto y tolerante frente a la diversidad de opiniones y fuerzas políticas actuantes en el escenario nacional.

A partir de don Antonio Guzmán la orientación del debate público pasó de una naturaleza esencialmente política a otra de carácter económico.

Como ya los problemas no estaban referidos a la libertad sino al bienestar, era comprensible que el enfoque del discurso se concentrara en los aspectos económicos. Por consiguiente, que en lugar de tópicos como el de la represión y el fraude, la agenda estuviese dominada por temas como el de la ejecución presupuestaria, el déficit fiscal y el gasto público.

Durante la década de los ochenta y los noventa, el discurso público en la República Dominicana estuvo dominado, fundamentalmente, por temas económicos, y no fue sino a fines de los años noventa cuando el elemento político volvió a emerger, en forma positiva, a través de un conjunto de propuestas de reformas institucionales.

Esas reformas tenían por objeto hacer más eficiente el Estado, incrementar su credibilidad, limitar su rol empresarial, armonizar las relaciones entre los distintos poderes, elevar la calidad de los servicios públicos y garantizar una justicia independiente.

Aunque se trata de una agenda siempre inconclusa, lo cierto es que durante el período de 1996-2000, se avanzó bastante en esa dirección, y el criterio generalizado era que con el esfuerzo mancomunado de las distintas fuerzas políticas y de las organizaciones de la sociedad civil, se continuaría progresando en el objetivo nacional de fortalecer las instituciones democráticas.

A partir de la actual administración del PRD, todo eso ha retrocedido. Sin que el tema económico haya desaparecido, y al contrario, pues es cada día más relevante, el fantasma de la política ha vuelto a aparecer. No ya como parte de un proyecto nacional de reformas, sino como una abominable herramienta de pretendida perpetuación en el poder.

Durante el actual gobierno, el tema político ha vuelto a emerger como mecanismo de sobresalto e intranquilidad. En algún momento se trata de modificar la Constitución para extender el período legislativo. En otro, obviar un pacto suscrito con las principales fuerzas políticas del país para imponer en forma inescrupulosa la reelección presidencial. En otro, repartirse la designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia, amenazar con despojarles de su inamovilidad o forzar su retiro por razones de edad, como acto de retaliación por un fallo dado en su favor, aunque con la aspiración oculta de que fuese lo contrario.

En otro todavía, porque no le ha gustado lo que ha dicho un dirigente político de oposición y procura restringirle su libertad de expresión.

En fin, la política ha vuelto a aparecer en la agenda del debate nacional para crear caos institucional, confusión y conflictos entre poderes del Estado, perplejidad en la opinión pública, inseguridad entre los agentes económicos e incertidumbre en la población.

Es una verdadera lástima que nadie en el PRD haya logrado comprender el verdadero legado de Antonio Guzmán.