PLD, reelección y extensión congresual



Por diferentes medios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha manifestado su oposición a que en estos momentos se realice una reforma a la Constitución de la República con el objetivo de reincorporar la reelección presidencial y extender el actual mandato de los congresistas hasta el año 2004.

En fecha 27 de septiembre del año en curso, las tres principales fuerzas políticas del país suscribieron un acuerdo en virtud del cual acordaron enmendar la Carta Magna para eliminar los colegios cerrados, seleccionar a los miembros del Parlamento Centroamericano, disminuir el porcentaje de votación en las elecciones presidenciales e introducir la figura jurídica de la Asamblea Constituyente.

Aunque el PLD hizo sus reservas respecto al porcentaje de votación en las elecciones presidenciales, ya que consideraba que esa medida, de carácter sustantivo, debería ser conocida en una Asamblea Constituyente, no quiso ser piedra de discordia, y terminó aceptando los términos del acuerdo de los partidos, del cual el Presidente de la República fue testigo de excepción.

¡Qué gran sorpresa para el PLD, como para el resto del país, el saber que desde el Palacio Nacional, en franca violación al referido pacto o acuerdo entre los partidos, se esté aprovechando el natural período de tregua política de las navidades, para impulsar una reforma constitucional que procura reintroducir la reelección presidencial y extender en dos años el actual período de los legisladores!

Semejante acción únicamente conduce al descrédito de los partidos políticos y del sistema democrático, pues la ciudadanía percibe que esas organizaciones no sólo no son capaces de respetar un acuerdo entre ellas misma, sino que su único objetivo es actuar en función de sus propios intereses y no los del pueblo dominicano.

El PLD ha sido claro en señalar que no es un opositor, por razones de principio, de la reelección presidencial. Y esto así, porque no hay, en realidad, ninguna incompatibilidad entre democracia y reelección presidencial.

Algunos países democráticos, como España, tienen reelección por tiempo indefinido; otros, como Francia y Estados Unidos, por dos períodos consecutivos; otros, como Panamá, después de dos períodos consecutivos de cinco años sin haberse presentado; otros, como Chile, luego de un período constitucional; y otros, como México y Costa Rica, prohíben la reelección para siempre.

Como puede observarse, en lo que respecta a la reelección presidencial, hay, en términos universales, diversas modalidades dentro del sistema democrático, y no puede asegurarse que un país es más o menos democrático que otro porque contemple en su legislación alguna de esas distintas formas o modalidades.

Cada país se da el tipo de organización que estime conveniente y de lugar. Lo único que debe procurar hacerlo en forma seria, digna y respetable. No es propio de un país civilizado hacer una reforma a su más importante pieza legislativa, la que define la naturaleza de su Estado y de su nación, a espaldas de sus ciudadanos.

Tengo suficiente autoridad moral para hablar en esos términos, pues cuando durante mi gestión gubernamental distintas fuerzas de la vida del país procuraron mi respaldo para promover una reforma a la Constitución con la finalidad de introducir la reelección presidencial, lo rechacé de plano. Y actué de esa manera, a sabiendas de que aunque la referida reforma no podría ser tachada de ilegal, era, sin embargo, ilegítima, espuria y nociva para la estabilidad democrática del país.

En combinación con el plan de reelección presidencial, desde el Palacio Nacional se ha promovido también, como hemos dicho, la posibilidad de extender el mandato de los congresistas hasta el 2004.

Es posible que tal como ocurrió con la selección de los tres últimos jueces de la Suprema Corte de Justicia, en que se aceptó su mecanismo de escogencia, por muy cuestionado que fuera, como mal menor ante la amenaza de una remoción completa de sus integrantes, ahora se procure algo análogo: aceptar la reelección presidencial como mal menor ante la catástrofe de una extensión ilegal del mandato congresional.

Detrás de la apresurada aventura actual de reforma constitucional se oculta un ambicioso y peligroso proyecto de poder que, como todo totalitarismo, ya ha empezado a ponerse en práctica a través del descrédito de los opositores, el amordazamiento de los críticos y la utilización de mecanismos de intimidación y coerción.

Es una lástima que por meras ambiciones desmedidas de poder, en la República Dominicana todavía existan fuerzas que, al iniciarse el siglo XXI, irrespeten y manifiesten desprecio por nuestra democracia y sus instituciones.

Todavía, sin embargo, estamos a tiempo de evitar el cataclismo político al cual se nos quiere conducir. Sólo basta respetar el pacto suscrito entre los partidos y unirnos a un coro de voces que reclame hasta el cansancio el respeto a nuestra dignidad como pueblo.