Prisión preventiva y libertad provisional



¿Por qué es tan alto el número de personas privadas de libertad en forma preventiva en nuestro país? ¿ A qué se debe que el índice de presos preventivos sea mayor que el de los condenados?

De conformidad con las explicaciones que se esgrimen, el problema del alto índice de población penal preventiva en la República Dominicana se debe, entre otros factores, al no traslado de los reclusos de la penitenciaría a los tribunales, a la falta de citación de los procesados o a la irregularidad de las mismas y a los múltiples reenvíos que se generan en el curso de la instrucción del fondo del proceso.

Sin embargo, predomina en la actualidad otra causa que resulta más poderosa que las anteriores para comprender esa aberración de la justicia que resulta del hecho de tener tantas personas privadas de su libertad, por tiempo indefinido, en espera de ser juzgadas. Se trata de la aplicación de la actual ley número 341-98 sobre libertad provisional bajo fianza, la cual, en franca violación de la Constitución de la República y de acuerdos y convenios internacionales, aprobados por el Congreso Nacional, quebranta el principio de presunción de inocencia y contraviene toda la filosofía elaborada a lo largo de varios siglos de evolución jurídica acerca del principio de la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Esa ley, concebida originalmente con la finalidad de evitar distorsiones en el procedimiento penal, para de esa manera contribuir al aceleramiento del conocimiento de los juicios, concede a los jueces de instrucción, apoderados de los casos reputados criminales, la facultad de conocer de las solicitudes de libertad provisional bajo fianza, hecho que de acuerdo con la anterior ley de fianza ( la número 5439, del 11 de diciembre de 1915) sólo le estaba reservado a los jueces de la Corte de Apelación.

La facultad de conceder a los jueces de instrucción competencia para conocer de las peticiones de fianza, en principio positivo, se convierte en un factor negativo cuando, de conformidad con la misma ley, niega al juez de primera instancia o a los jueces de la corte de apelación, apoderados del conocimiento del fondo de una acusación criminal, el derecho a otorgar la libertad provisional bajo fianza al acusado, cuando éste lo hubiere solicitado durante la realización de la instrucción preparatoria al juez de instrucción o cámara de calificación que instruyó el expediente.

¿Qué significa todo eso?

Significa que si el acusado, que guarda prisión preventiva, solicita su libertad provisional bajo fianza al juez de instrucción o a la cámara de calificación, y éstas instancias se la niegan, pierde el derecho a solicitarla de nuevo al juez de primera instancia o a los jueces de la corte de apelación apoderados del conocimiento del fondo de la acusación.

Obviamente, no puede haber disposición más injusta ni arbitraria. La prisión preventiva no es ni puede ser una condena del acusado con anterioridad a la celebración de un juicio imparcial e independiente, al que tiene pleno derecho. La prisión preventiva es tan sólo una medida de seguridad, tomada con carácter de excepción cuando se estima que el sujeto de la acción pública puede darse a la fuga o impedir de diversas maneras con la administración de justicia.

En ausencia de esas circunstancias la prisión preventiva ni siquiera procede, pues el principio que domina en todas las legislaciones modernas es el de la libertad de los ciudadanos, siendo la prisión una excepción.

La República Dominicana es signataria de dos tratados internacionales que constituyen piezas claves para la protección de los derechos humanos y la libertad ciudadana: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos.

En el artículo 9 del primero de dichos textos se afirma lo que sigue: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

Por su parte, el artículo 7 de la Convención Interamericana reza de esta manera: “Toda persona detenida o retenida… tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.”

No hay razón para que una solicitud de libertad provisional bajo fianza le cree al juez apoderado el temor de que habrá una opinión pública desfavorable a su concesión u otorgamiento. La libertad es la regla y no entenderlo así constituye en la actualidad la razón principal por la cual en nuestro país el índice de presos preventivos excede por mucho al de presos condenados.