Los niveles de desarrollo socio-económico de las naciones más avanzadas se vinculan con la puesta en práctica de sistemas de administración pública basados en la profesionalización que resulta de la aplicación de principios meritocráticos.
Tenemos una legislación relativamente reciente (ley 41-08 sobre Función Pública). Los principios que están descritos en esta ley deben mantenerse: mérito personal, igualdad de acceso a la función pública, estabilidad en los cargos de la carrera, equidad retributiva, flexibilidad organizacional, irrenunciabilidad de derechos y tutela judicial efectiva.
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