La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en nuestro programa de gobierno. Por este motivo hemos desarrollado una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), que permita aplicar políticas públicas encaminadas a dar respuestas a los riesgos y amenazas que enfrenta el país, con acciones que combatan las causas que generan inseguridad y sus consecuencias, utilizando los recursos públicos de manera eficiente.

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La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en nuestro programa de gobierno.Por este motivo hemos desarrollado una Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSC), que permita aplicar políticas públicas encaminadas a dar respuestas a los riesgos y amenazas que enfrenta el país, con acciones que combatan las causas que generan inseguridad y sus consecuencias, utilizando los recursos públicos de manera eficiente.

Hablar de seguridad ciudadana en la República Dominicana es poner atención en una de las principales demandas sociales. Este es un tema de alta prioridad para el Estado, de ahí que urja la creación de políticas públicas que den respuestas efectivas y eficientes a este problema.

Se trata de una estrategia que debe ser desarrollada a corto, mediano y largo plazo, diseñada a partir del análisis científico de las diversas modalidades del crimen que vienen afectando nuestra sociedad. Lo que implica un esfuerzo conjunto de las entidades públicas y privadas comprometidas con la sostenibilidad del modelo económico, la convivencia pacífica y por ende el desarrollo del país en los próximos años.

La problemática de la inseguridad ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional, multicausal y transversal, que durante las últimas décadas ha aumentado de manera significativa, generando en la población incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, por lo que el Estado debe realizar su abordaje desde diferentes aspectos y tratamientos de manera simultánea y conjunta.

Para que esta respuesta sea efectiva, debe generarse una voluntad política que sea parte de una planificación estratégica y diseño de un programa de trabajo conjunto, permanentemente evaluado y revisado con el objetivo de asegurar resultados efectivos en la reducción de las causales que inciden en el incremento de la inseguridad, muchas de las cuales se encuentran arraigadas en los sistemas de seguridad y justicia dominicana.

En ese orden de ideas, resulta imperativo que el Poder Ejecutivo genere las condiciones necesarias para organizar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la integración de todas las instituciones públicas y privadas. Este organismo deberá estar conformado por asesores y técnicos expertos en materia de seguridad de las diferentes disciplinas que ejecuten la Estrategia de Seguridad Ciudadana 2020-2024.

La Estrategia debe estar sustentada por una ley marco, que regulará los principios básicos, componentes, direcciones y coordinación, otorgándole vigencia por varios períodos de gobierno, sustentables y perdurables, pero al mismo tiempo revisables y medibles, readecuándose a los cambios y circunstancias que se presenten durante estos períodos, sin que se pierda su esencia, eficientizando la prevención y mejorando la capacidad de reacción del órgano responsable.

Esta propuesta busca transformar el actual Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, reduciendo los factores de riesgo que contribuyen a generar comportamientos delictivos, empoderando la sociedad, transformando a la Policía Nacional y optimizando el sistema de persecución penal. En fin, busca reducir la inseguridad con medidas directas y contundentes.

Estamos convencidos que, invirtiendo en seguridad, lograremos mantener un desarrollo sostenible, garantizaremos la democracia y el bienestar social y devolveremos a los ciudadanos el derecho a vivir en un país seguro para todos. El caso particular de la República Dominicana se ha caracterizado históricamente por ser una de las economías más dinámicas de la región, en términos de crecimiento económico, pero sigue siendo un país que enfrenta una serie de desafíos de carácter estructural en cuanto a la pobreza y sus consecuencias.

En lo que respecta a la percepción, los dominicanos y dominicanas tienen una idea sobre la delincuencia negativa y destacan que aumenta constantemente. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2016), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), más del 70 % de la población considera que el país es más inseguro que antes y tan solo el 15 % entiende que es más seguro.

Inseguridad ciudadana

El grado de seguridad es transversal a múltiples decisiones cotidianas que influyen, por ejemplo en los turistas, a la hora de elegir a qué lugar ir de vacaciones; de los habitantes para escoger sus lugares de residencia y de las empresas a la hora de invertir en algún país. Es por ello que garantizar la seguridad ciudadana constituye uno de los retos prioritarios de los gobernantes.

En particular, en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, del 2015, el tema de la delincuencia encabeza la lista de los problemas que afectan al país, con un 74.6 %; seguido del desempleo, que alcanzó el 42.3 %; la corrupción, que constituyó el 26.5 %, y el costo de la vida, con un 26.3 %.

Territorialidad del delito

En lo referente a la ubicación territorial del delito, las localidades que consideran que la delincuencia es la problemática más importante son las de zonas urbanas, sobre todo en las grandes ciudades, como el Gran Santo Domingo, donde la mayoría de los encuestados mostraron su preocupación por la falta de seguridad en zonas residenciales y barrios.

La mayor proporción de personas que plantearon la delincuencia como principal problema fueron los de la zona metropolitana, con una representación de un 58.0 %, seguido de la región del Yuma, con un 52.9 %; en tanto las regiones El Valle y Enriquillo, las zonas del país con menor cobertura de servicios básicos y mayor incidencia la pobreza, indicaron como sus principales problemas la escasez de agua potable y la falta energía eléctrica.
Según el informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2016, basado en varios estudios sobre el tema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana, en el país existen diversas manifestaciones de delincuencia, especialmente los robos y asaltos a las personas. Identifican que la alta tasa de homicidios es un indicador fundamental de los bajos niveles de seguridad que existen en el país.

En la tabla 7, se aprecia un histórico con la cantidad y tasa de homicidios registrados en República Dominicana de 2011 a 2016.

Tabla 7 - Homicidios registrados en el país 2011-2016

Reforma en el Ministerio de Interior y Policía

La Reforma del sector seguridad ciudadana del Ministerio de Interior comprende instituciones relacionadas a las políticas públicas del régimen interior, tanto del Gobierno Central como de los gobiernos locales. La reforma está orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio de Interior y sus dependencias, así como a la creación de un único Cuerpo de Bomberos y una Academia de Bomberos, y se implementa a partir de una estrategia sustentada en conjunto de acciones como: Redefinición de procesos administrativos y reorganización de las áreas involucradas, basada en la informatización y sistematización de dichos procesos, orientados a eliminar puntos de registro y control innecesarios; diseño y desarrollo de herramientas informáticas que sustenten el diseño conceptual detallado; capacitación y asesoría en el manejo del cambio, debido al impacto que esta transformación implica en la cultura organizacional; asistencia permanente para asegurar la implantación del sistema en los órganos rectores y en las instituciones.

Principales debilidades identificadas en el eje seguridad ciudadana

  • Inadecuada atención a víctimas de violencia y delito.
  • Privatización de servicios de seguridad.
  • (In) gobernabilidad de la seguridad ciudadana.
  • Deficiente profesionalización y modernización de los cuerpos policiales.
  • Intervención de las FF.AA. en labores de seguridad ciudadana.

Medidas necesarias para el eje seguridad ciudadana

Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana que implemente el Estado dominicano deberían contemplar acciones de prevención de la violencia y delito, por lo menos en tres dimensiones:

Prevención de primer nivel: Referida a aquellas medidas dirigidas a toda la población que tienen que ver con los programas de salud pública, educación, empleo y formación para el respeto a los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía.

Prevención de segundo nivel: Incorpora medidas destinadas a personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad, frente a la violencia y el delito, buscando a través de programas focalizados disminuir los factores de riesgo y generar oportunidades sociales y económicas.

Prevención de tercer nivel: Se contemplan acciones individualizadas dirigidas a personas ya involucradas en conductas delictivas, que se encuentran cumpliendo una sanción penal. Lo elemental en este tipo de iniciativas busca la rehabilitación de personas que cumplen sanciones penales (sistema penitenciario) y la reinserción social a través de oportunidades de empleo.

Promoción de la cohesión social

  • Capacitación de personas en resolución pacífica de conflictos.
  • Mejorar el conocimiento y la obediencia voluntaria de las normas de convivencia.

Prevención y enfrentamiento de los factores de riesgos

  • Campañas de desarme civil voluntario.
  • Aumentar la escolaridad y disminuir la evasión escolar. 

Eficiencia del sistema de justicia y de la Policía Nacional

  • Implantar un proceso integral de modernización de la justicia.
  • Crear o promover espacios de diálogo entre la policía y las comunidades vulnerables.
  • Mejorar la infraestructura y los equipamientos del sistema de justicia y la Policía Nacional.
  • Enfrentar al crimen organizado.
  • Crear o fortalecer programas de atención a personas que desean salir de las organizaciones criminales.
  • Realizar campañas de estímulo a denuncias sobre crímenes de tráfico de drogas y de armas, y sobre trata de personas.

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       Leonel Fernández Presidente 2020
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