Para que la República Dominicana pueda continuar avanzando en términos de desarrollo económico y social; así como para que haya prosperidad y bienestar para el conjunto de la población, resulta imprescindible que exista una estabilidad política democrática.

Continúa leyendo...

En otras palabras, tiene que haber un desarrollo institucional que garantice el cumplimiento de un conjunto de normas y principios, lo cual constituye la base de la seguridad jurídica y de la existencia misma de un Estado de derecho.

En nuestro país, se tiene cada vez mayor conciencia de la importancia de fortalecer el Estado de derecho como premisa para el avance y el progreso de la sociedad en general. Desde el 1996, durante el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández, se inició un plan integral tendente a la reforma y modernización del Estado dominicano.

Se creó la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE); la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia; y una comisión de juristas para la modificación de los códigos legales.

Se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Núm. 423- 06; la Ley de Crédito Público, Núm. 6-06; la Ley de Tesorería Nacional, Núm. 567-05; la Ley de Planificación e Inversión Pública, Núm. 498-06; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, Núm. 340-06; la Ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, Núm. 5-07; la Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, Núm. 10-07; la Ley Orgánica de Administración Pública, Núm. 247-12; la Ley sobre Función Pública, Núm. 41-08; la Ley Núm. 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; y la que –aun siendo una ley de transición– crea la jurisdicción especializada más importante para velar por el correcto funcionamiento de la Administración Pública, la Ley Núm. 13-07, del Tribunal Superior Administrativo, como un contrapeso judicial.

Se impulsaron medidas tendentes a fomentar la transparencia administrativa y la probidad de los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Así, se crearon la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa; el Sistema de Declaración Jurada de Bienes; la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción; y las comisiones de auditoría social.

Con la proclamación de la Constitución del 2010, se produjo un notable avance en el fortalecimiento y del desarrollo institucional democrático en la República Dominicana. Se estableció por vez primera el Estado Social y Democrático de Derecho. Se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones como, entre otras, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público y el Tribunal Superior Electoral.

El conferir categoría constitucional a ese conjunto de instituciones tenía como objetivo el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, al crear los mecanismos institucionales de solución de conflictos, para el mantenimiento de la convivencia civilizada y la paz social.

Ahora bien, una década después de la proclamación de nuestra Carga Magna en el 2010, varias de las instituciones creadas no han podido funcionar a plenitud en razón de que no han sido aprobadas las leyes necesarias para su implementación.

Desafortunadamente, también, en los últimos años la República Dominicana ha experimentado un retroceso en materia institucional. Según Latinobarómetro 2018, la confianza en las instituciones en el país se encuentra en su punto más bajo en décadas.

Se ha irrespetado la Constitución de la República. Se ha debilitado la relación de pesos y contrapesos en los órganos de poder del Estado. Se alega interferencia del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial; y al Poder Judicial se le formulan críticas por la lentitud de los procesos y la falta de credibilidad en algunas de sus decisiones.

El Congreso de la República luce como un poder subordinado y dócil al Ejecutivo. Los partidos políticos se han resquebrajado. Los ayuntamientos o gobiernos locales, en su mayoría, carecen de los recursos suficientes y resultan ineficaces en sus labores.

Hay una pérdida de legitimidad en varias de las instituciones públicas. Se desconocen las reglas del juego democrático. Predomina un sentimiento de falta de orden y autoridad. En fin, hay un reclamo de renovación de la democracia,y de devolverle a la política un sentido de dignidad, de honor y de respeto.

       Leonel Fernández Presidente 2020
Únete Menú
>