Discurso ante la Asamblea Nacional el 27 de Febrero del 1999

Por: Leonel Fernández |



Comparezco por tercera vez por ante esta reunión conjunta de las cámaras legislativas para dar cumplimiento a lo que estipula el acápite 22 del artículo 55 de la Constitución de la República, que ordena depositar un mensaje contentivo de las memorias de las distintas secretarías de estado y de las instituciones descentralizadas, por ante el Congreso Nacional, y hacer una rendición de cuentas de la labor realizada por el Gobierno.

Tal como nos lo recuerda Daniel De Foe, en su obra maestra, el Diario del Año de la Peste, el 1655 quedó eternamente grabado en el recuerdo de la humanidad como el año en que Londres se vio azotada por una peste. De igual manera, el año de 1930 en la República Dominicana se recuerda como el año del ciclón de San Zenón; el 1979, como el año del huracán David, y estamos seguros de que el 1998 será recordado como el año del huracán Georges.

Los daños ocasionados por el referido fenómeno atmosférico fueron de tal magnitud que de conformidad con la evaluación hecha por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los mismos ascendieron a más de 33,000 millones de pesos, lo que equivale a casi el 90 por ciento de la totalidad de los ingresos percibidos por el Gobierno durante el año fiscal.

Sin embargo, a pesar del efecto devastador que tuvo sobre nuestro territorio el huracán Georges, la economía dominicana experimentó, en el año 1998 un comportamiento más que satisfactorio.

Ese comportamiento exitoso que ha experimentado la República Dominicana se ha producido a pesar de la existencia de una delicada situación financiera internacional, pues desde finales de 1993, cuando se produjo el llamado «Efecto Tequila» en la economía mexicana, hasta mediados de 1997 cuando se desató la crisis financiera asiática, y ahora, a principios de este año de 1999, cuando acaba de suscitarse el denominado «Efecto Zamba» en la economía brasileña, el mundo ha estado sacudido por una situación de incertidumbre en las finanzas internacionales.

En América Latina, la tasa promedio de crecimiento se redujo sustancialmente de 5.2 por ciento en 1997, a 2.3 en 1998, aunque estuvo todavía por encima del promedio de la economía mundial, estimada en menos del 2 por ciento.

En la República Dominicana, el Producto Interno Bruto creció en 1998 a una tasa de 7.3 por ciento, siendo de esa manera, tres veces mayor que el promedio de crecimiento de todos los países de América Latina, y casi cuatro veces la tasa de crecimiento de la economía mundial, y para este año de 1999, la revista The Economist anticipa que la República Dominicana será el país de mayor crecimiento económico en todo el mundo.

Como señalara recientemente en Caracas el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), doctor Enrique Iglesias, el crecimiento sostenido que viene mostrando la economía dominicana en los últimos años es verdaderamente sorprendente, ya que a pesar de los efectos del huracán Georges, el país continuó mostrando el vigor de su economía siendo el segundo país de mayor crecimiento del mundo sólo por debajo de Irlanda; a lo cual habría que añadir que en los últimos dos años de nuestra gestión, la economía dominicana ha crecido a una tasa promedio de 7.8 por ciento anual.

Eso es algo verdaderamente excepcional y sin dudas, es lo que ha debido haber motivado al reconocido escritor peruano Mario Vargas Llosa, autor entre otros textos, de La Ciudad y los Perros, La Casa Verde y la Historia de Mayta, a expresar las siguientes ideas en un artículo titulado «La Frontera» publicado en el periódico El País de España y reproducido en más de cincuenta diarios de circulación mundial. He aquí sus palabras:

«La verdad es que si se quiere hacer una lista de los países que en la última década de veras han progresado, la tierra que hace cinco siglos pisaron por primera vez los europeos en el nuevo continente, es uno de ellos. Su economía crece a un promedio de entre 6 y 7 por ciento cada año, tiene una moneda estable, la inflación controlada, un flujo creciente de inversiones extranjeras y una infraestructura que se moderniza de manera visible.

En el mes que acabo de pasar aquí –vuelvo luego de dos años- he recorrido el país en tres direcciones, de un extremo a otro y los cambios son notables: buenas carreteras, nuevas industrias, fiebre constructora en las ciudades principales, -Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata- y desarrollo considerable del turismo, que, ahora, ha abierto aeropuertos internacionales, además de Santo Domingo, en La Romana, Punta Cana y Puerto Plata.

Su democracia está lejos de ser perfecta, desde luego. ¿Cómo podía ser de otra manera en un país que ha padecido acaso con más dureza que ningún otro en Hispanoamérica, la tradición autoritaria? Pero con sus imperfecciones y vacíos, y aunque principiante, es ya –como Bolivia o como El Salvador, países de los que nadie se acuerda y que también progresan- una democracia, donde la sociedad civil se robustece, el poder militar interviene apenas en la política y una amplia libertad de prensa garantiza una vida cívica multipartidaria».

He ahí un cuadro que presenta con claras tonalidades la realidad actual de la República Dominicana; y es que, efectivamente, el progreso inocultable de nuestro país se pone de relieve en el extraordinario ritmo de construcción de centros comerciales, torres de apartamentos y proyectos de vivienda que levanta el sector privado junto al activo programa de obras públicas que realizan las diferentes dependencias del Gobierno, especialmente en lo relativo a obras viales y viviendas de bajo costo.

Como consecuencia del fuerte crecimiento económico, el ingreso promedio por habitante en nuestro país ha aumentado considerablemente en los últimos años. Mientras en 1992, ese ingreso era de 16,032 pesos, en 1998 se elevó a 31,512, es decir, casi al doble.

En términos de dólares, eso quiere decir que el ingreso por habitante cada año ha aumentado de 1,264 dólares, en 1992, a 2,105 dólares en 1998, lo que significa un aumento de un 67 por ciento.

El significado de los datos presentados es que indica que en términos de una década, el ritmo de crecimiento del ingreso por habitante en la República Dominicana se habrá duplicado.

Esto es lo que explica el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad dominicana, que se comprueba en el hecho de que mientras en 1992, el número de vehículos de motor, excluyendo motocicletas, ascendía a 245,605 unidades, en 1998 alcanzó las 622,500 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 150 por ciento, una de las más altas del mundo.

Mientras en 1992, el número de motocicletas ascendía a 237,334 unidades, en 1998 se elevó a 941,000 unidades.

El número de hogares con televisores ha aumentado significativamente de 1991 a 1998. En 1991, el 57 por ciento de los hogares tenía televisión; en 1998, esta cifra ascendía a 78 por ciento; y lo mismo sucedió en el caso de las neveras, pues mientras en 1991 sólo el 43 por ciento de los hogares tenía nevera, en 1998, el número ascendía al 58 por ciento.

Lo que resulta más impresionante, sin embargo, es el aumento del uso de las lavadoras automáticas en los hogares dominicanos, pues mientras en 1991 apenas el 2.8 por ciento de las familias disponían de una lavadora de ropa, en 1998 esa cifra se había elevado a 42.8 por ciento de los hogares. Y no estamos contando las alquiladas.

La expansión de los servicios de teléfono, de 1990 a 1998 no tiene precedentes. En estos últimos ocho años se han instalado más de 400,000 líneas fijas de servicio telefónico, lo que ha permitido la duplicación del índice de densidad telefónica; y esto sin tomar en cuenta el crecimiento extraordinario de las líneas móviles de teléfonos celulares, el cual ha sido de 89 por ciento, uno de los más altos a escala mundial.

Otro índice que evidencia que el país avanza por el sendero de la modernización lo encontramos en el hecho de que las tarjetas de crédito emitidas entre 1991 y 1998 se multiplicaron por diez, al pasar de 76,190 a 806,688.

En 1992 el desempleo abierto era de un 20.3 por ciento, pero para 1998 había descendido a 14.3 por ciento, fruto del crecimiento económico a que estamos haciendo referencia, lo que ha permitido que en los últimos dos años se hayan generado 425,000 nuevos empleos.

Nuestra promesa de campaña electoral había consistido en ofrecer la creación de 100,000 puestos de trabajo cada año, lo que significa 400,000 al término de nuestra gestión. Ahora resulta, sin embargo, que a poco más de la mitad de nuestro ejercicio presidencial hemos sobrepasado nuestras metas iniciales en 25,000 plazas, y de continuar, como se proyecta, el crecimiento de nuestra economía, la capacidad de generación de empleos en un período de cuatro años no habrá tenido antecedentes en nuestra historia.

Por cuanto hemos dicho, no debe deducirse que en la República Dominicana se materializa el «sueño americano», el llamado American Dream, de un carro, un televisor y una nevera para cada familia, como se estipuló en la década de los 50 en los Estados Unidos, considerada la nación más rica del planeta.

No. Todavía estamos afectados por la pobreza. Sin embargo, conforme al Indice de Desarrollo Humano calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nuestro índice de calidad de vida se ha elevado de 0.64, que era en 1992, a 0.72 en 1998, debido a que la esperanza de vida ha subido y ya se acerca a los 73 años; la tasa de escolaridad ha aumentado y lo mismo el ingreso por habitante.

Los indicadores anteriores demuestran que en 1999 estamos mucho mejor que a principios de la década de los 90. Para la República Dominicana esta década ha sido un período de conquistas y de progreso. No ha sido una década perdida. Y ahora trabajamos por modernizarnos con miras al siglo XXI.

En nuestro país, en el año que acaba de transcurrir, las entidades financieras incrementaron su cartera de préstamo al sector de la construcción en un 24 por ciento; en las zonas francas se instalaron 51 nuevas empresas, mientras que el número de habitaciones hoteleras en construcción alcanzó la astronómica suma de 10,200, de las cuales entraron en operación 4,630, con lo cual la oferta total aumentó a 43,215 habitaciones.

A pocas semanas del paso del huracán Georges una gran parte de las actividades afectadas por el meteoro recuperó la normalidad de sus operaciones, poniéndose de manifiesto el rápido restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones, y la preparación de terrenos para la siembra de productos de ciclo corto.

Cabe destacar en estos momentos, la efectiva labor llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los operativos de reconstrucción nacional y de mantenimiento del orden público, todo lo cual ha sido objeto de encendidos elogios y merecidos reconocimientos por parte de nuestra población y de los creadores de opinión pública.

Desde el primer momento, el Gobierno procedió a realizar acciones oportunas a favor de los productores agrícolas, a través de la Secretaría de Estado de Agricultura, el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Banco Agrícola. Por medio de esta última institución, se canalizaron créditos, ágiles y oportunos, ascendentes a más de 840 millones de pesos obtenidos del presupuesto del Gobierno Central.

Por su parte, la Junta Monetaria declaró una moratoria de seis meses en el pago de capital e intereses a los préstamos DEFINPRO a los sectores productivos, lo que representó un financiamiento equivalente a unos 300 millones de pesos, en especial para el sector agropecuario.

Todos estos recursos fueron canalizados con el propósito de evitar que en el país se produjese una escasez de alimentos, razón por la cual en los días inmediatamente posteriores al paso del huracán Georges expresé a la población que en este país no se pasaría hambre.

Y efectivamente, así fue: No se pasó hambre. El Gobierno autorizó importaciones masivas de alimentos a fin de subsanar la escasez y ejecutó un agresivo programa de siembra de productos de ciclo corto. Ahora, podemos advertir que los principales productos de origen agropecuario han empezado a bajar de precios, tales como el pollo, el plátano, tubérculos, tomates y otros bienes básicos de la canasta familiar, y lo que se espera es que ese proceso continúe para beneficio de nuestra población, muy especialmente, de los sectores más pobres del país cuya aspiración fundamental es que el pan no desaparezca de la mesa.

Debemos destacar que durante el año de 1998, el Banco Agrícola concedió préstamos por un monto superior a los 2,359 millones de pesos, lo que representó un incremento de un 88 por ciento con respecto al 1997, a una tasa de interés privilegiada del 12 por ciento anual para la mayor parte de los mismos.

Es importante subrayar que esa tasa de interés del 12 por ciento anual es la más baja de los últimos 20 años, y que en los dos años y seis meses de gestión gubernativa, el Banco Agrícola ha canalizado recursos por un monto de 3,942 millones de pesos con lo cual ha favorecido a más de 127 mil laboriosos hombres del campo dominicano, lo que sirve para poner de relieve el apoyo concedido por el Gobierno a los productores nacionales y el interés mostrado para que los sectores pobres del país puedan adquirir alimentos a precios asequibles a sus bolsillos.

Sin precedente fue el respaldo que dio el Gobierno central al sector arrocero. Con miras a apoyar la rentabilidad de este cultivo, el Gobierno desembolsó 700 millones de pesos para adquirir los excedentes de arroz que se concentraron a principios del año de 1998, evitando de esa manera que esta actividad económica colapsara en perjuicio de un importante segmento de los agricultores más dinámicos del país.

Otra acción estrechamente vinculada a la anterior, fue el pago por parte del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y la Secretaría de Estado de Agricultura, en favor de los agricultores para saldar deudas ascendentes a más de 900 millones de pesos, lo que constituye un verdadero hecho histórico, pues al finalizar el año de 1998 se había saldado la casi totalidad de las deudas pendientes con los productores agrícolas del país.

La acción del Gobierno en el campo fue variada y eficiente. Se araron millones de tareas, se construyeron centenares de pozos tubulares, se fortalecieron los programas de manejos de plagas para el control de la mosca blanca y de vigilancia sanitaria para control del cólera porcino, se amplió el servicio de asistencia técnica, se fortalecieron varios centros de investigación y se inició el proceso de titulación definitiva a los parceleros de la reforma agraria.

El programa «Alimentos para Todos» fue fortalecido y ampliado. El INESPRE instaló 850 puestos fijos y 657 puestos móviles, unidas a los cuales funcionan 127 plazas de la Secretaría de Estado de Agricultura en todo el país, beneficiando a los habitantes más pobres a nivel nacional.

Por su parte, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), desplegó todos sus esfuerzos en la rehabilitación de obras de infraestructura, como son: los sistemas de riego del canal Isura, Villarpando, La Ceibita-Hernán Cortés, Pueblo Viejo; la cuenca del Lago Enriquillo y del Valle de San Juan de la Maguana; en el Alto y Bajo Yaque del Norte, Bajo Yuna, Yuna-Camú, Bajo Yaque del Sur, Ozama-Nizao, y en el Este del país. Asimismo, se rehabilitaron 81 sistemas de bombeo.

El huracán Georges impactó también la infraestructura de los sistemas de acueductos y alcantarillados, afectando 233 sistemas en todo el país y destruyendo 82 molinos de viento, todo esto, a un costo de unos 250 millones de pesos.

A la fecha, se han recuperado y puesto en operación de manera provisional, 129 sistemas, y actualmente el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), trabaja en forma acelerada para la rehabilitación definitiva de todos los sistemas.

Como ha podido apreciarse, el 1998 fue un año de grandes retos para el sector agropecuario. No bien se había salido de la más grande sequía sufrida por el país cuando nos afectó el huracán Georges.

Sin embargo, a pesar de esa doble circunstancia de calamidad, la hambruna presagiada y la quiebra anunciada del sector, afortunadamente, no se presentaron. La oportuna intervención del Gobierno hizo añicos esos pronósticos siniestros, permitiendo dar sustancia al espíritu optimista que hoy anima al campesino dominicano cuando dice que «Dios aprieta, pero no ajorca».

Obras Públicas

En lo que atañe al sector de Obras Públicas, el dinamismo exhibido durante el año de 1998, fue más que notable. El país fue testigo del nuevo estilo de trabajo puesto en ejecución por este importante sector de la vida pública nacional al laborar en varios proyectos de gran envergadura durante las 24 horas del día.

Así se logró poner fin a la ampliación de la Autopista Duarte, obra iniciada durante la administración del ex presidente Joaquín Balaguer, dando aplicación de esa manera, al principio de la continuidad del Estado, y a la ampliación y remodelación del corredor de la avenida 27 de Febrero, desde el tramo comprendido entre la avenida Luperón hasta la calle Leopoldo Navarro.

En la ampliación y remodelación de este último, se construyó un túnel de casi un kilómetro de extensión, que permite canalizar los carriles centrales de la avenida 27 de Febrero por debajo de las intersecciones de las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, construyéndose sobre su plataforma un bulevar que servirá para el esparcimiento espiritual y la elevación cultural de nuestro pueblo.

Otros dos pasos a desnivel mediante túneles en las intersecciones de las avenidas 27 de Febrero con Tiradentes y Máximo Gómez, completan esta solución vial.

Será recordado por muchos años el día que las autoridades de Obras Públicas autorizaron el uso del túnel de la avenida 27 de Febrero. La enorme cantidad de vehículos que inmediatamente se abalanzó sobre la referida construcción para verificar la autenticidad de lo que sus ojos incrédulos aún no acertaban a admitir, constituye uno de los espectáculos más emotivos experimentados por el pueblo dominicano en los últimos tiempos, pues, representó simbólicamente, su punto de entrada al siglo XXI.

En los proyectos de edificaciones cabe destacar la reconstrucción del Hospital Regional del Este, en la provincia San Pedro de Macorís, la remodelación del teleférico de la provincia de Puerto Plata y la remodelación del Aeropuerto Internacional Cibao, en Santiago.

Se encuentran en su fase final la construcción y modernización de cuatro estaciones de peaje ubicadas en el kilómetro 25 de la autopista Duarte; kilómetro 12 de la autopista 6 de Noviembre; kilómetro 12 de la carretera Sánchez y kilómetro 24 de la autopista Las Américas. Con estas estaciones de peaje, en las cuales se utilizarán receptores automáticos y otros instrumentos modernos, la República Dominicana también contribuye a elevar su imagen, pues más que estaciones de peaje lo que hemos tenido hasta ahora son estafetas destartaladas en el centro de la vía pública bajo vigilancia militar.

Asimismo, se ejecuta la rehabilitación y ampliación de la autopista 30 de Mayo, la construcción del elevado cruce avenida John F. Kennedy-avenida Winston Churchill; la construcción del paso a desnivel en la intersección de la autopista Las Américas y la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas; y el de la intersección de las avenidas Luperón-Independencia y la reconstrucción del tramo avenida Gustavo Mejía Ricart.

Otras obras importantes en proceso de ejecución son la carretera Higüey-Bávaro; Moca-San Víctor; Sabana de la Mar-Miches; Manoguayabo-La Ciénaga; Boca Cachón-Las Lajas; Barranca-Villa Tapia; Cercado-Vallejuelo; Las Yayas-Padre Las Casas; Cruce Isleño-Macao, y la reconstrucción de la carretera Casabito-Constanza.

A través de las Oficinas de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y la Coordinadora de Obras del Estado se encuentran actualmente en ejecución, cerca de 2,200 obras entre las cuales se cuentan centros comunales, abastecimientos de agua, mercados, edificaciones, escuelas, iglesias, centros deportivos, tribunales, edificaciones militares y policiales, proyectos de remozamiento urbano, construcción de zonas francas, reparación de calles, aceras y contenes, e instalación de sistemas de electrificación y viviendas en todo el territorio nacional.

Con cierta periodicidad se habla de la existencia de obras paralizadas en distintos lugares del país, y no cabe dudas de que efectivamente así es. Pero en muchos casos se trata de obras que datan de entre 20, 15 y 10 años, como son, por ejemplo, los casos de la escuela de El Cedro, en Miches, terminada felizmente por este Gobierno, el Hospital Regional de San Pedro de Macorís, los proyectos de Invivienda y el habitacional de Sabana de la Mar.

La acumulación en el tiempo de tantas obras sin terminar obliga al Gobierno a tener que priorizar aquellas que deben recibir atención inmediata en cada provincia del país.

En materia de viviendas, las acciones del Gobierno en 1998 estuvieron centradas en el Instituto Nacional de la Vivienda, el cual puso término a 21,538 soluciones habitacionales, manteniéndose en ejecución otras 34,973.

El INVI y el Banco Nacional de la Vivienda iniciaron exitosamente el programa de bono para la vivienda que propugna por la unión de los esfuerzos del sector público, desde una óptica de facilitador, y del sector privado como ente ejecutor, tanto en su papel de financiador como de productor de las viviendas.

Desde el último trimestre del año pasado, el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la ejecución de un plan de emergencia a favor de los afectados por el huracán Georges. Como resultado de esas acciones, se han reparado más de 80,000 viviendas de las 120,000 afectadas por el fenómeno natural y se han construido 4,488 albergues provisionales para las familias damnificadas cuyas viviendas quedaron destruidas por el huracán en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Azua, Bonao, San Cristóbal y La Romana.

En adición, se construyen 10,000 nuevas viviendas de bajo costo a través del sistema prefabricado de rápida ejecución, diseñadas y confeccionadas en la Florida y Carolina del Norte, que permitirá a igual número de familias que perdieron sus viviendas luego del paso del huracán, poder contar con un techo propio.

En la actualidad, el Gobierno ejecuta un conjunto de obras de singular importancia para continuar el proceso de modernización de nuestra infraestructura de cara al siglo 21.

Entre esas obras se encuentran la construcción del edificio que alojará a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República, el Palacio de Justicia de Puerto Plata y varios centros penitenciarios en distintos lugares del país con la finalidad de contar con un moderno sistema carcelario.

De igual manera, en el área aeroportuaria, se encuentra en proceso de adjudicación la remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Aeropuerto de Arroyo Barril, en Samaná, el Aeropuerto La Unión de Puerto Plata y el Aeropuerto María Montés de Barahona.

En lo que se refiere al Aeropuerto Internacional de Las Américas, los trabajos incluyen la construcción de una nueva pista y la reconstrucción de la existente, la restauración y ampliación de la vieja terminal, la construcción de un nuevo satélite y la ampliación del área de parqueos.

Se construye la Escuela Diplomática de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo, la Escuela Elemental de Música Elila Mena, la Escuela de Arte de San Francisco de Macorís, el proyecto del Club Mauricio Báez, el Teatro de Villa Juana, el Instituto de Radio, Televisión y Cine y la remodelación del Archivo General de la Nación.

En la continuación del Corredor de la Avenida 27 de Febrero, se construye la solución de la intersección de la calle Leopoldo Navarro, la cual se conectará con el elevado iniciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en la avenida Duarte esquina París, que desembocará en el nuevo puente que se construye actualmente paralelo al Juan Pablo Duarte.

La restauración de este último puente y la solución de las intersecciones de la Avenida de Las Américas con la avenida Venezuela y con la Sabana Larga, también están avanzando en su construcción.

Se ejecutan en estos momentos el proyecto de la avenida de Circunvalación de Santiago de los Caballeros, la ampliación de la carretera de Santiago a Navarrete, la reparación de la Autopista Santiago-Puerto Plata, la carretera Santiago-San José de las Matas, y la construcción de la Autovía del Este.

Se remodeló la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que había permanecido abandonada por casi treinta años, a un costo de 268 millones de pesos, y a principios del próximo mes de marzo se dejará inaugurado el hospital Padre Billini. Actualmente se realizan trabajos similares en otros 61 hospitales locales, municipales, clínicas rurales y centros urbanos, entre los cuales se incluyen el Hospital Dr. Moscoso Puello, el Dr. Luis E. Aybar, el Dr. Darío Contreras, el Dr. Rodolfo de la Cruz Lora, el Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el Cabral y Báez y el Dr. Arturo Grullón de Santiago, el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, el Hospital Municipal de Jamao al Norte, el Hospital Provincial de Samaná, de San Juan de la Maguana, el del Guayabal en Azua, el del Almirante en el Distrito Nacional, el de Miches, el de Las Terrenas, el de Tenares, San José de Ocoa, Cabrera y Baní.

En Santiago, se construyen asimismo, tres centros médicos, ubicados en los barrios Cienfuegos, La Yagüita de Pastor y Ensanche Libertad y un Módulo de Maternidad, que ofrecerán asistencia gratuita a más de 400,000 habitantes de los barrios periféricos de esa ciudad, y en Santo Domingo se dará inicio en un breve plazo, a la construcción de dos hospitales: uno ubicado en la zona de Herrera y el otro para los barrios de la parte Norte y Villa Mella, en la intersección de las avenidas Hermanas Mirabal y Jacobo Majluta.

A través del Instituto Nacional de Aguas Potables se ejecutan proyectos de acueductos y alcantarillados sanitarios, programas de mantenimiento y descentralización de acueductos rurales, programa de molinos de viento y de control y calidad del agua.

En este Gobierno no sólo se construyen obras, sino que también, cuando se evalúa su ejecución presupuestaria, se puede observar el interés que se le ha prestado a la justicia, a la educación, a la salud, al sector agropecuario, y al sector turismo.

Mientras al sector Justicia y Orden Público se le destinaba en el 1996, alrededor de 817 millones de pesos, en 1998 dicho sector recibió alrededor de 1,577 millones, lo que significa un incremento del 84 por ciento.

En la Educación, el gobierno Central destinaba en 1996 alrededor de 3,535 millones; en cambio, en 1998 destinó 6,073 millones, para un incremento del 72 por ciento.

En el sector Salud y Previsión Social, mientras en el 1996 el Gobierno destinaba alrededor de 3,391 millones de pesos, en 1998 la inversión fue de 4,998 millones, lo que significa un incremento del 47 por ciento.

En el sector Agropecuario, en el 1996, la inversión del Gobierno fue de 1,796 millones de pesos. Sin embargo, para 1998 esa inversión había subido a 3,283 millones de pesos, para un aumento de un 83 por ciento.

En el sector Turismo, mientras que en 1996 el Gobierno Central destinaba alrededor de 35 millones de pesos, en 1998 recibió alrededor de 151 millones de pesos, es decir, un 329 por ciento de aumento.

El proceso de modernización llevado a cabo de manera acelerada en la sociedad dominicana genera una multiplicidad de necesidades que tienen que ser satisfechas con una diversificación del gasto público.

Por eso, además de las inversiones que en las distintas áreas realiza el Gobierno, ahora también, por ejemplo, se pagan prestaciones laborales a los empleados de las empresas deficitarias del Estado, se subsidia a la Corporación Dominicana de Electricidad con más de 200 millones de pesos mensuales, se compran plantas eléctricas, y a través del Plan Social se distribuyen centenares de miles de raciones de alimentos.

Area social

Señores Miembros de la Asamblea Nacional:

En distintas latitudes del mundo, sobre todo en el ámbito de las democracias occidentales, se discute con vehemencia acerca del papel del Estado en el marco de la sociedad, enfatizándose la crítica a los modelos tradicionales de la socialdemocracia europea, del estado benefactor norteamericano y del populismo latinoamericano. Se ha sostenido que el Estado no debe hacer las veces de empresario y hasta el de disminuir su presencia en el marco de la regulación de la economía.

Todo eso puede ser cierto, pero hay un aspecto en el que no le es permitido al Estado eludir sus responsabilidades, y este es el de la salud, la educación y la seguridad de sus ciudadanos.

En la República Dominicana, a pesar de las deficiencias que aún perduran, es mucho lo que se ha logrado en lo que se refiere a la salud pública.

El año de 1998 fue el año de la lucha por la reducción de la mortalidad infantil y materna. Los logros en este campo fueron notables y abarcaron hospitales ubicados en diversas regiones del país. El hospital Robert Reid Cabral, por ejemplo, ubicado en la capital, alcanzó una reducción del 34 por ciento en la mortalidad de menores de 15 años, y el Hospital Nuestra Señora de La Altagracia de Higüey, redujo en un 36 por ciento las muertes de infantes con relación al año de 1997. En la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, la mortalidad bajó de 7 fallecidos, a 3 por cada 100 internamientos, y desde abril de 1998, no muere ninguna mujer de parto en ese centro hospitalario.

Tampoco se produjo, por razones de parto, la muerte de ninguna mujer en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal durante el 1998.

De conformidad con el informe «El Progreso de las Naciones» publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la República Dominicana se encuentra entre los países del mundo que más nacimientos vivos registra, junto a los Estados Unidos, Argentina y Costa Rica, lo que ciertamente impacta la lucha contra la mortalidad infantil.

Uno de los aspectos que más ha contribuido al avance del sector salud pública en los últimos tiempos en la República Dominicana obedece a un factor de tipo organizativo: la descentralización.

Nadie puede imaginarse la revolución radical que ha significado para nuestro país el que se haya instalado un sistema descentralizado de salud pública. El país se encuentra dividido en Direcciones Provinciales de Salud y en el caso del Distrito Nacional, en cinco direcciones municipales.

En cada una de estas Direcciones Provinciales se han formado Comités Comunitarios de Salud, los que, a su vez, se dividen en Comités Barriales de Salud, fenómeno que ha permitido, por vez primera en nuestro país, la participación masiva de la ciudadanía en la solución de sus propios problemas de salud.

Ese nuevo modelo organizativo junto a los esfuerzos que se hacen por mejorar la capacidad administrativa y gerencial de nuestros centros de salud, es lo que explica que ya en dos años no se haya reportado en la República Dominicana un solo caso de sarampión en la niñez, ni de tétano neonatal, ni de polio, ni de rabia humana.

Se han nombrado 1,500 nuevos médicos generales y especialistas, así como enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos y bioanalistas y se ha aumentado en casi el 50 por ciento, la subvención mensual de cada uno de los hospitales y centros de salud.

Se ha mejorado la calidad de la vigilancia y atención del dengue; se ha fortalecido el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; se dio apertura a un laboratorio con especialidades para el diagnóstico de la tuberculosis; se ha puesto en práctica el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito; se ha yodado toda la sal de las salinas de Montecristi, Azua, Baní y Barahona, y se ha dado apertura por primera vez en el país al Centro de Atención a la Mujer Maltratada y Abusada Sexualmente.

En lo que atañe a la mujer, el Gobierno, a través de la Dirección General de Promoción de la Mujer ha venido poniendo en ejecución un conjunto de programas en su beneficio, pues para nosotros sigue siendo válida la afirmación de que la mujer es la mitad de la población mundial y la madre de la otra mitad.

Es inconcebible que aproximándonos al siglo XXI todavía haya quienes pretendan levantar su mano sobre lo que Simone de Beauvoir llamara el segundo sexo.

Es imprescindible que la mujer dominicana conozca y ejerza sus derechos, que no sea víctima de la discriminación ni en la educación, ni en la salud, ni en el empleo ni en el acceso al crédito ni en la tenencia de la tierra. A través del programa de PROMIPYME, adscrito a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, se ha procedido a conceder créditos a la mujer propietaria de pequeñas y medianas empresas; y por medio del Banco Agrícola, la mujer rural también ha sido favorecida con financiamientos orientados hacia la agricultura.

Ha sido en esta Administración cuando por vez primera el programa de reforma agraria que se lleva a cabo bajo la dirección del Instituto Agrario Dominicano, ha tomado en cuenta a la mujer campesina haciéndola partícipe de la distribución de certificados de títulos de propiedad que la convierten en dueña de la tierra sobre la que vierte su sudor y su sacrificio en un gesto de una nobleza singular, pues se trata de una madre que resistiendo las embestidas del sol y las inclemencias del tiempo, hace parir de la tierra la riqueza que sirve para nutrir a un pueblo y garantizar su sustento y el de su familia.

Al igual que la mujer, la juventud ocupa un lugar especial en los propósitos y esfuerzos del Gobierno, y no puede ser de otra manera, pues los jóvenes representan el futuro de la Patria, y son los que están destinados a relevar a las actuales generaciones en la conducción de los destinos nacionales.

Para hacerlo con espíritu patriótico, con sabiduría y sentido de la historia, deben disponer de la instrucción necesaria y del carácter requerido para asumir con grandeza tareas tan hermosas, pero también, tan llenas de escollos y dificultades.

Nuestro Gobierno se preocupa por que nuestros jóvenes realicen su proceso de formación con entusiasmo y energía. Por ese motivo, a través de la Dirección General de Promoción de la Juventud hemos instalado residencias estudiantiles y casas de pensión, y se reparó y equipó la Torre del Estudiante, para favorecer a estudiantes meritorios provenientes de las distintas provincias del país.

Hemos creado el Plan Nacional de Becas para brindar la oportunidad de desarrollarse intelectualmente a todos los jóvenes con capacidad creadora, pero sometidos al potencial riesgo de ver desaprovechado su talento a causa de sus limitaciones económicas. Hemos instaurado el Premio Nacional de la Juventud como estímulo a la excelencia académica y al comportamiento ejemplar. Hemos creado un sistema de intermediación de empleos con la finalidad de colocar a nuestros jóvenes en el mercado laboral y hemos promovido la relación de la juventud dominicana con la naturaleza a través del programa El Bosque de la Juventud, adscrito al Plan Quisqueya Verde.

Ha sido establecido como un compromiso de la Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (SEDEFIR) con la juventud, la celebración de los XII Juegos Deportivos Nacionales a ser celebrados en febrero del año 2,000 en la ciudad de La Romana, y como coronación a todo el esfuerzo que el Comité Olímpico Dominicano ha venido realizando a favor de la preparación de nuestros jóvenes atletas para la competición de alto rendimiento, obtuvimos la sede para celebrar en nuestro país los Juegos Panamericanos del año 2,003.

Ya no es objeto de discusión que en nuestro país se ha producido una expansión de la cobertura del sistema escolar. Cada vez son más los niños, adolescentes y jóvenes que acuden a nuestros planteles y cada vez es menor el número de desertores, es decir, de los que abandonan las aulas antes de concluir uno de los niveles en que se encuentra dividido el sistema escolar nacional.

Pero, cuando se piensa en lo que ha de ser la sociedad dominicana en el siglo XXI, ya es insuficiente hablar de que una mayor cantidad de niños asisten a las escuelas. De lo que se trata ahora es de determinar la calidad de lo que se enseña en las escuelas para que efectivamente podamos formar futuros ciudadanos debidamente informados y capacitados para de esa forma, convertirse en los pilares del progreso y del bienestar de nuestra Nación en un mundo cada vez más globalizado.

Es tomando en cuenta estos elementos que el Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura ha importantizado el valor de la tecnología en la educación moderna, y por ello ha continuado con el proyecto de informática educativa que consiste en la instalación de laboratorios de computadoras en las distintas escuelas del país. El año pasado se crearon 125 nuevos laboratorios de informática educativa, con 20 computadoras modernas cada uno, completando así el programa en 250 liceos de educación media, lo cual cubre el 50 por ciento de los liceos del país. Para este año de 1999 es nuestro propósito cumplir con el compromiso de campaña de disponer de computadoras en todas las escuelas secundarias públicas del país.

Para alcanzar estas metas de impulso a la modernización del proceso educativo nacional, es imprescindible también capacitar a nuestros maestros, ya que si hemos de formar ciudadanos del futuro debemos tener también maestros capacitados para los retos del siglo XXI, y es por tal motivo que se crearon cursos especiales de capacitación de profesores del área de informática educativa, además de los programas de formación docente en el que actualmente participan 5,000 maestros en los cursos de profesorado y licenciatura.

Se ha avanzado de manera notable en la dignificación del maestro dominicano. Además del alza salarial, se le ha beneficiado con la aplicación de incentivos, con su incorporación en todos los programas de viviendas que ejecuta el gobierno y con el equipamiento del hospital para maestros, esto último a un costo superior a los 33 millones de pesos.

Con lo que el Gobierno ha hecho a favor de la dignificación del maestro dominicano, ya éste no tiene que procurar mejorar sus condiciones de vida recurriendo a jugar un «san» o a que le aguanten un número en las rifas.

Conjuntamente con el programa de informática educativa, la Secretaría de Estado de Educación ha reforzado el área de radio educativa con la instalación de nuevos equipos y la contratación de nuevos técnicos en el área, y dejó inaugurada la unidad de televisión educativa con la ayuda del Gobierno de México.

Se creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y en los próximos días veremos circular por las calles de los barrios de la capital y del interior del país, los primeros Bibliobuses, los cuales estarán bajo la dirección del Consejo Presidencial de Promoción de la Cultura.

Uno de los programas más exitosos con que ha contado desde el inicio de nuestra administración el área educativa, ha sido el del desayuno escolar. Al principio de nuestro mandato, sólo se distribuían 200,000 raciones diarias. En la actualidad, la cantidad de raciones que alcanzan a los niños y adolescentes de nuestro sistema escolar es de un millón todos los días.

Ese programa ha sido acogido con gran simpatía y regocijo por los padres de escasos recursos que enviaban a sus hijos a las escuelas en ayunas, lo que provocaba la falta de concentración y de reducción del rendimiento escolar de esos estudiantes.

Distribuir un millón de raciones de alimentos todos los días es una tarea que requiere de la participación de muchas personas y de la coordinación de numerosos esfuerzos. Dada la amplitud de la logística que tiene que aplicarse, esta tarea no está exenta de la ocurrencia de circunstancias que afecten su normal desenvolvimiento, como ha ocurrido recientemente y respecto de lo cual el Gobierno debe tomar, con extremo rigor, todas las medidas que sean requeridas para garantizar que un programa de estos alcances cumpla con los nobles propósitos que lo motivaron.

Pero tal vez lo más novedoso que ha ocurrido en los últimos tiempos en nuestro sistema escolar haya sido la aplicación masiva del Programa del Mérito Estudiantil y de la Olimpíada de Lectura.

Millares de jóvenes fueron reconocidos por sus talentos y esfuerzos y los más destacados inclusive, tuvieron la oportunidad de viajar a Europa, los Estados Unidos y Japón, en un hecho sin precedentes en el sistema escolar público de la República Dominicana.

Imaginaos una niña pobre de uno de los parajes de Montecristi o de El Seibo asombrada ante el impacto que producía a sus ojos la Monalisa en el Louvre de París, o las obras de Velázquez en el Museo del Prado, o los nevados sueños del monte Fuji en Tokio. ¡Cuándo se había visto eso antes en este país! ¡Cuando se había prestado tanta atención e interés al futuro de nuestros niños pobres!

Sin embargo, debo confesar que lo que más me ha estremecido del avance experimentado por nuestros jóvenes en el aula, ha sido el haber podido constatar que jóvenes participantes en la Olimpíada de Lectura eran capaces de leer de extremo a extremo, decenas de libros en un tiempo breve.

Los nombres de Calderón de la Barca, Charles Dickens, Víctor Hugo, Emile Zolá, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Pedro Mir, forman parte del acervo cultural con que se nutren nuestros adolescentes.

Después de haber oído directamente de sus labios el comentario crítico sobre la obra de estos y otros autores, pude decirme a mí mismo que, definitivamente, nada, absolutamente nada, podrá obstaculizar el camino emprendido por la República Dominicana hacia la construcción de un mejor destino para todos sus hijos.

Con un talento semejante, el futuro de la Patria está asegurado.

Nunca como ahora se había preocupado tanto el Gobierno por contribuir a fortalecer el área de la educación superior. Nunca antes como ahora, había recibido la Universidad Autónoma de Santo Domingo un apoyo tan efectivo como el que actualmente recibe de las autoridades nacionales.

En estos momentos, se ejecuta en la sede central de la UASD, la construcción de un complejo deportivo, de varios edificios de aulas y de una moderna biblioteca. En Santiago de los Caballeros, se levantan los edificios modernos que albergarán a los aspirantes a profesionales de esa rica región del Cibao. En San Francisco de Macorís avanzan los trabajos de ampliación del CURNE y en Puerto Plata ya se ha dado apertura al Centro Regional que con tanta vehemencia reclamaban los estudiantes de esa zona.

Por medio del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) se ha contribuido a rescatar el prestigio de nuestras instituciones de educación superior mediante la evaluación que se ha hecho del funcionamiento de las escuelas de medicina en nuestras universidades y por la aplicación de una rigurosa política de control del funcionamiento de nuestras instituciones de educación superior.

Medio Ambiente

Uno de los grandes retos de nuestra sociedad, y especialmente de nuestra generación, es la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, los cuales constituyen parte esencial y vital para el ser humano, mucho más por nuestra condición de isla en donde el recurso agua es limitado.

En nuestro país, más de 300 arroyos, ríos y lagunas han desaparecido en los últimos años. La capa boscosa se ha reducido. La degradación de los suelos es alarmante, y ríos como el Yaque del Norte, el Ozama o el Higuamo, sufren gran contaminación al verterse en ellos aguas residuales.

Por eso, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales ha sido una de las prioridades del presente gobierno. En la aplicación de medidas, ha podido involucrar al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales con sentido de responsabilidad compartida entre el Gobierno y la sociedad en general.

A través del Plan Nacional Quisqueya Verde se ha logrado plantar más de 13 millones de árboles en más de 30 frentes de reforestación situados en áreas prioritarias, que van desde Sabana Clara, en Restauración, a Loma Comadreja en Monte Plata, a Tireo, a Monción, a Rancho Arriba, a Arroyo Cano, a Gajo del Toro en Polo, a Rincón Claro y Lambedera en Los Haitises, a Juan Adrián, a Manabao, a Río Blanco y otras comunidades, generando además miles de empleos directos e indirectos a familias campesinas.

Se ha institucionalizado cada año, la celebración de la Feria del Arbol y se han fortalecido los programas de educación ambiental en las escuelas para impulsar una cultura de amor a la naturaleza.

Señores Legisladores:

En uno de los más conocidos y disfrutados de los dramas de William Shakespeare, la tragedia de Macbeth, se narra el diálogo entre el protagonista de la pieza y su esposa, Lady Macbeth, en la que el primero le pregunta a esta última: -¿Y cómo va la noche? A lo que ésta le responde: -Peleándose con el alba, para ver quién gana!

La respuesta formulada por Lady Macbeth a su marido es lo que constituye el dilema a que se enfrentan todas las naciones en los umbrales del siglo XXI.

Y el dilema es bien simple: O se perece en la oscuridad del atraso o se avanza hacia el alba de la modernización.

En la República Dominicana hemos entendido el alcance del mensaje y la magnitud del desafío. Por tales razones, hemos despegado con notable ímpetu hacia la construcción de una sociedad moderna procediendo a introducir reformas en áreas vitales de la vida nacional como son los servicios públicos.

En lugar de guaguas destartaladas, conocidas como «voladoras», y carros desvencijados, identificados como «anafes» cuyo funcionamiento constituía un verdadero desafío a las leyes de la física, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), y la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), han introducido modernos autobuses que no solamente han contribuido a resolver los graves problemas de transporte que durante años han afectado a la sociedad dominicana, sino que, inclusive han servido de estímulo para generar un cambio en la conducta de los usuarios de este sistema de servicio.

Se ha avanzado en el establecimiento de normas de transporte en el área metropolitana de Santo Domingo. Se han diseñado seis corredores, se ha creado una policía especial, y se ha levantado una escuela especializada en tránsito para el entrenamiento del personal que ha de laborar en este tipo de actividad.

Podemos decir con satisfacción que ya en la República Dominicana las cartas no se pierden en el Correo y que los valores enviados por este conducto, llegan a sus destinatarios.

Los cambios introducidos en el sistema postal dominicano son de tal grado, que compite ya en términos de calidad y rapidez, con muchas de las agencias privadas creadas para remediar las deficiencias de otros tiempos del correo dominicano.

Ya no hay que prevalerse de buscones para sacar una placa de automóvil u obtener una licencia de conducir. Tampoco hay que hacer filas para pagar los impuestos ni esperar semanas para obtener un pasaporte.

En toda la administración pública se han introducido modernos sistemas de computadoras que agilizan el trabajo y crean bases de datos con informaciones que en épocas anteriores, se extraviaban entre «mascotas» o en libros difíciles de ser localizados.

Por vez primera en nuestro país se procede a la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa empezándose por la Secretaría de Estado de la Presidencia, los Secretariados Técnico y Administrativo de la Presidencia, la de Trabajo, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Contraloría y la Procuraduría General de la República.

Con todo esto, conjuntamente con el siglo, estamos despidiendo de la administración pública el clientelismo, el «tigueraje» y la corrupción.

Un aspecto esencial de la modernización del Estado y la sociedad dominicana tiene que ver con las empresas estatales. Durante años, esas empresas, además de no cumplir con sus objetivos, drenaron el erario público, contribuyendo de esa manera a empobrecer al pueblo dominicano al desviar recursos que, en circunstancias normales, habrían estado destinados a satisfacer las necesidades de la población en materia de salud, educación, alimentación y vivienda.

Mediante la Ley 141-97, sometida por el Poder Ejecutivo y aprobada por consenso en el Congreso Nacional, se creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), con el mandato expreso de llevar a cabo la reforma y transformación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), y los hoteles del Estado.

Durante el año 1998, la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública llevó a cabo una labor intensa y trascendente que consistió en realizar todos los trabajos técnicos, legales y de mercadeo necesarios en relación a la Corporación Dominicana de Electricidad, para preparar la etapa final del proceso de capitalización de esa empresa.

Se logró precalificar a 19 empresas eléctricas de las más importantes del mundo, muchas de las cuales optarán por asociarse al Estado Dominicano en la capitalización de cinco empresas, dos de generación y tres de distribución.

Con las empresas de CORDE se hizo un trabajo arduo, obteniéndose la capitalización de las empresas Molinos Dominicanos y Molinos del Norte, las cuales pasarán a integrar, de ahora en adelante, la empresa denominada Molinos del Ozama, en la que el Estado Dominicano participará como socio conjuntamente con la empresa Malla y Compañía, que resultó ganadora de la licitación pública internacional convocada al efecto.

Se declaró de utilidad pública el inmueble que ocupaba la Fabrica de Clavos Enriquillo y se ordenó su traspaso al Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción de un complejo habitacional. Los inmuebles ocupados por Tejidos Antillanos, con excepción del edificio administrativo, y Dominicana Industrial de Calzado, fueron destinados para la ampliación del Parque Energético de Los Mina, lo que contribuirá a solucionar el problema del déficit de energía en esa zona.

Los inmuebles correspondientes a Tenería Fa-Doc, Fábrica de Aceites Vegetales, el edificio administrativo de TEJANCA, y una propiedad a nombre del Consorcio Algodonero, fueron otorgados a la Corporación de Fomento Industrial para la instalación de una zona franca industrial, la cual generará un significativo número de nuevos empleos en la zona oriental de la capital.

Se estima que esa zona franca empleará unas 4,000 personas, lo que comparado a los 550 empleos que generaron en sus mejores tiempos las mencionadas empresas, indica el gran impacto social que ésta producirá en toda el área de Los Mina.

Como puede apreciarse, el proceso de capitalización que se lleva a cabo en la Corporación Dominicana de Electricidad y en las empresas de CORDE, avanza de manera significativa y esperamos que antes de que concluya el primer semestre de este año, el sistema eléctrico nacional haya podido encontrar su nuevo cauce institucional y que una empresa como Dominicana de Aviación pueda surcar de nuevo por los aires exhibiendo la enseña tricolor.

En lo referente al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), al finalizar el año de 1998, se tenía el escenario listo para decidir sobre la modalidad de reforma que se aplicará en los ingenios de ese complejo azucarero, y para celebrar los actos públicos que manda la Ley para precalificar a los inversionistas del sector privado interesados en invertir en la industria azucarera estatal.

En relación a la Corporación Dominicana de Electricidad, el Gobierno ha sido coherente en proceder a expandir la capacidad de generación de energía, al tiempo que procuraba conquistar socios estratégicos para el proceso de capitalización, que es lo que garantiza el suministro permanente de este servicio al pueblo dominicano en el largo plazo.

Durante el año de 1998 fueron puestas en servicio siete nuevas plantas productoras de electricidad con una capacidad total de 300 megavatios, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales para enfrentar los apagones que se produjeron en 1997 producto de la sequía y del deterioro de varias plantas privadas.

La voluntad del Gobierno de enfrentar la crisis energética quedó expresada muy claramente con la rapidez con que fue abordado este problema. Los 300 megavatios a que hemos hecho referencia fueron contratados e instalados en un período no mayor de ocho meses, lapso que muy bien puede ser considerado como récord.

Al momento de pronunciar este mensaje, hemos decidido proyectos de inversión, en materia de generación energética, de un orden de magnitud de 700 megavatios totalmente nuevos.

Si a estos proyectos sumamos las unidades rehabilitadas de Haina IV, de 70 megavatios; de Haina I, de 30 megavatios; de Puerto Plata II, de 36 megavatios, y de nuevos proyectos de compra de energía a varias firmas privadas por más de 150 megavatios, nos daremos cuenta, para beneficio del presente y el futuro del país, que el Gobierno actual está en proceso de incorporar al sistema eléctrico nacional más de 1,000 megavatios dentro de un período de gobierno de sólo cuatro años.

Eso, señoras y señores, quiere decir, que al término de sus cuatro años, el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habrá realizado el milagro de instalar el equivalente a una nueva Corporación Dominicana de Electricidad, tal como ésta se encontraba en agosto de 1996.

Además de reformar y modernizar el Estado y de proceder a la capitalización de las empresas públicas deficitarias, el Gobierno está consciente, señores, de la responsabilidad que tiene de ejecutar una serie de acciones que permitan al país enfrentar exitosamente los retos del nuevo ordenamiento económico mundial del próximo siglo.

Por eso el Gobierno ha sido tan dinámico en promover unas activas relaciones internacionales que han permitido consolidar nuestras tradicionales relaciones de amistad con los Estados Unidos, Haití, las demás naciones de Centroamérica y el Caribe, y América Latina.

Hemos fortalecido nuestros vínculos con el Viejo Mundo y con los países del Asia, y se ha aprobado la apertura de embajadas de la República Dominicana en dos importantes países del Continente: Canadá y Cuba.

Hemos firmado un Acuerdo de Libre Comercio con los países de Centroamérica, pendiente de ratificación en el Congreso Nacional, y se realizan gestiones análogas con los países miembros del CARICOM.

Conscientes de la necesidad de reformas en el ámbito de la economía nacional para enfrentar, en el siglo XXI los retos del nuevo ordenamiento de la economía mundial, sometimos al Congreso Nacional a los pocos meses de haber asumido la Presidencia de la República, un conjunto de reformas económicas que persiguen modernizar nuestras estructuras productivas internas y elevar el nivel de bienestar de todo el pueblo dominicano.

La reforma arancelaria y tributaria sometida al Poder Legislativo en diciembre de 1996 perseguían este objetivo. Lamentablemente, el Congreso Nacional no acogió esa reforma.

A final de 1998 volvimos a introducir la reforma arancelaria acompañada de algunas modificaciones al sistema tributario que permitirían compensar los ingresos fiscales que el gobierno dejaría de percibir como consecuencia de la rebaja de los aranceles.

La reforma arancelaria propuesta, reduce el número de tarifas existentes actualmente, nueve en total, a sólo tres en el año 2,000 y disminuye el arancel máximo a 15%. Esta reforma, al fomentar la competencia interna estimulará el proceso de reconversión y modernización de nuestras empresas. Las industrias dominicanas, gracias a la reforma arancelaria, serán eficientes.

¿Qué pasará con los precios de muchos bienes que consume el pueblo dominicano si el Congreso Nacional aprueba la reforma arancelaria que le sometimos a final del año pasado? Los precios bajarán, y eso beneficiará a todo el pueblo dominicano.

Pero esta rebaja de precios se producirá debido a que el Gobierno Dominicano, al reducir de manera apreciable los impuestos que cobra en las aduanas, permitirá que los costos de los productos importados bajen, lo que estimulará una mayor competencia. Esta mayor competencia llevará a las empresas nacionales a rebajar también sus precios a fin de mantener su participación en el mercado.

El Gobierno evidenciará una pérdida de ingresos aduaneros superior a los 5,000 millones de pesos. Si esa pérdida de ingresos fiscales no se compensa con otras fuentes de ingresos, el Gobierno incurriría en un fuerte déficit fiscal. Ante esa situación la Administración tendría dos cursos posibles de acción: o reduce considerablemente el gasto público tanto en los sectores sociales como en la construcción de la infraestructura física que necesita el país, o recurre, como en el pasado, al expediente de las emisiones monetaria inorgánicas. En ambos casos, ya sea que se reduzca el gasto público o se estimule la inflación, se fomentaría la miseria.

Es por eso que conjuntamente con el proyecto de reforma arancelaria sometimos al Congreso Nacional un proyecto de reforma del sistema tributario que persigue compensar la perdida de ingresos fiscales que provocaría la rebaja arancelaria, a través de modificaciones que permitan adecuar nuestro sistema tributario a las nuevas realidades prevalecientes en la economía mundial. Constituye un anacronismo pensar que el Gobierno Dominicano puede seguir dependiendo de las aduanas y de los impuestos al comercio exterior como fuente principal de ingresos, mientras en el resto del mundo dicha dependencia ha desaparecido.

¿Qué estamos proponiendo? Elevar la importancia del Itebis como fuente de recaudación fiscal al igual que ha hecho el resto de los países del Continente.

Se ha dicho que ese aumento en la tasa del Itebis afectará a las familias pobres del país. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿Pagan Itebis el arroz, el pan, los espaguetis y fideos, los víveres y demás productos de origen agropecuario, los jugos, el salami, la carne, los huevos, el bacalao, el arenque, la sardina en aceite, el pica pica, la leche, el queso, el aceite, la margarina, el caldo de pollo, el café molido, la pasta de tomate, el chocolate en barra, el hielo, el agua purificada, el tabaco en andullo y las medicinas?

Nada de eso paga Itebis ni lo va a pagar en el futuro si se aprueba la reforma tal como la hemos sometido al Congreso.

Tampoco lo pagan ni lo pagarán, la pasta dental y el jabón de cuaba. Tampoco lo pagan ni lo pagarán, los abonos e insecticidas que utiliza la agricultura, ni los insumos, los instrumentos, maquinarias y equipos que utiliza el sector agropecuario, ni los combustibles que se utilizan para el transporte. Tampoco pagan ni pagarán el Itebis, los servicios de alquiler de vivienda, energía eléctrica, agua potable, gas propano, transporte público, educación, salud y los seguros de vehículos.

Sólo los calzados, las prendas de vestir, los muebles, la ropa de hogar, las lavadoras, las neveras, los utensilios de mesa y de hogar, las motocicletas, y los televisores están sujetos al pago del Itebis; pero como son esos grupos de bienes los que más se beneficiaran de la rebaja del arancel sus precios se reducirán ya que esta última será mucho mayor que el aumento de la tasa del Itebis.

Por otra parte, dado que el aumento del Itebis permitirá al Gobierno seguir canalizando una parte considerable de sus ingresos para satisfacer las demandas sociales de las familias de más bajos ingresos, la reforma mejorará el nivel de vida de los pobres pues mientras se benefician de una rebaja generalizada de precios, el Gobierno continuará apoyándolos con mejores y mas amplios servicios de salud, educación y nutrición.

Otras reformas y proyectos que beneficiarían directa e indirectamente a las familias de menores ingresos y a la clase media son las contenidas en el Proyecto de Código de Ordenamiento de Mercado, en el Proyecto de Mercado de Valores, en el proyecto de Seguridad Social, en el proyecto de Ley sobre Bonos para el Pago de Contratistas de Obras del Estado y Suplidores y en los préstamos de organismos e instituciones internacionales para planes de desarrollo, sometidos al Congreso Nacional a final de 1998.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, conscientes de la importancia que tiene para el país una rápida recuperación, agilizaron sus procedimientos institucionales de evaluación y otorgamiento de créditos y destinaron, en el plazo más breve posible, a la República Dominicana US$ 264,110,000 para estos fines.

Cuarenta millones de dólares, es decir aproximadamente RD$620 millones de pesos, están dirigidos a la reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura eléctrica, de agua potable y saneamiento. Con estos fondos repararíamos las líneas de transmisión eléctrica en la zona Este del país, incluyendo los tramos: Palamara-San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís-La Romana, Romana-Higuey; La Romana-El Pintado, Carretera Mella-Monte Plata, así como 66 kilómetros de línea de transmisión de alta tensión en las zonas norte y sur.

Se rehabilitaría la planta hidroeléctrica Jimenoa, las plantas de captación y tratamiento Haina-Manoguayabo, Duey-Guananito y Valdesia, y se reconstruirían los sistemas de acueductos en la zona sur del país. Se repararía la estructura de irrigación, presas y canales; se establecerían las medidas de control de inundaciones y se protegerían las orillas críticas de ríos.

Todos esos recursos están a disposición del pueblo dominicano y sería un desatino no aprovecharlos.

Setenta millones y medio de dólares estadounidenses, es decir aproximadamente RD$1,093 millones, están destinados a la rehabilitación de la estructura vial del país. Nos preguntamos: ¿Pueden restablecer su vida normal las provincias de La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Azua, San Juan de la Maguana, María Trinidad Sánchez, Santiago y Barahona sin la reconstrucción de los puentes sobre sus ríos? ¿Podemos prescindir de 22 millones de dólares, es decir 341 millones de pesos dominicanos, que los organismos internacionales ponen a nuestra disposición para esos fines?

Del total de 7,000 kilómetros de caminos vecinales del país, 4,500 kilómetros necesitan una rehabilitación urgente. Estos son los caminos que nuestros campesinos usan para atender sus campos y para llevar sus productos agrícolas a los mercados. Esta es la red vial de los sectores más pobres y más abandonados de nuestro país. ¿Es justo que no aprovechemos 48 millones de dólares, es decir, 744 millones de pesos dominicanos que nos están prestando los organismos internacionales de financiamiento para que nuestro pueblo pueda de nuevo transitar con dignidad por sus campos?

Nada de eso nos parece justo y es por tal motivo que hacemos un llamado al Senado de la República para que analice esos préstamos concedidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con espíritu constructivo y ayude a sembrar la esperanza nuestros campos y a alentar un mejor porvenir para nuestro pueblo.

Los proyectos de financiamiento externo que descansan en este honorable Congreso están programados a rendir frutos en los gobiernos que lleguen más allá del año 2000, y, por lo tanto, no representan ningún interés particular del actual gobierno, sino que responden a necesidades nacionales a largo plazo.

La democracia dominicana hacia el siglo XXI

Señores legisladores:

En diversos círculos de la vida nacional se sostiene de manera enfática, que el ambiente político nacional se encuentra encrispado por la existencia de un conflicto entre distintas instituciones del Estado que ha dado lugar a una crisis de los poderes públicos en la República Dominicana.

Como fundamento a esos alegatos se plantea que esta crisis de poderes tuvo su origen en decisiones tomadas durante el período de transición de las elecciones de medio término de mayo de 1998 y la instalación del nuevo Congreso en agosto del mismo año.

No compartimos semejante criterio.

Señoras y Señores:

No es verdad que en la República Dominicana haya una crisis de poderes. No es verdad que hay una crisis política.

Lo que hay es una fuerte competencia entre los principales partidos políticos del país que se refleja en las instituciones del Estado y en toda la sociedad.

Nunca antes como ahora la democracia dominicana ha sido tan vigorosa ni tan plural, y como prueba de ello, el Gobierno llevó a cabo una cruzada nacional con el propósito de integrar a las diversas organizaciones del país en un gran Diálogo Nacional, lo que ha constituido la más rica experiencia histórica de participación del Gobierno con los distintos sectores del país en la elaboración de proyectos e ideas que luego son convertidos en políticas públicas, como ya ha ocurrido con más de 80 propuestas que están siendo aplicadas como decisiones del Gobierno.

Nunca antes como ahora había habido una auténtica separación de los poderes públicos como la que actualmente se produce en nuestro país.

Por iniciativa de este Gobierno al crear el Comisionado de Apoyo a la Reforma Judicial y convocar en diez y siete oportunidades al Consejo Nacional de la Magistratura, se ha ido conformando un Poder Judicial independiente, que ya empieza a recibir la simpatía y el reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional.

Ha sido en este Gobierno que se ha cumplido con el precepto constitucional de la autonomía presupuestaria del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Ha sido en este Gobierno que cumpliéndose en forma estricta y rigurosa con lo estipulado en la Ley 1797, se entrega a los ayuntamientos, a través de la Liga Municipal Dominicana, el cuatro por ciento de las recaudaciones fiscales del Gobierno Central.

Ha sido en este Gobierno en el que mayor atención se le ha prestado a realizar una ejecución del Presupuesto con apego a la ley, a los reglamentos y disposiciones que rigen esta materia.

En este país se disfruta de una libertad plena. Nadie es perseguido por sus creencias políticas o religiosas. No hay violación a los derechos humanos.

Se protege la seguridad ciudadana, y en estos momentos las instituciones competentes elaboran rigurosos planes para combatir, con mayor energía, la delincuencia y el narcotráfico.

No hay censura a la libre expresión de las ideas, aunque algunos no comprenden los límites de esta libertad y se producen excesos verbales que procuran alterar el orden público y dañar reputaciones.

Nunca antes como ahora, los actos del Gobierno estuvieron sometidos a mayor escrutinio, y nunca como ahora ha sido el Gobierno más transparente.

Lo que acontece con la democracia en la República Dominicana es que en los albores del siglo XXI se encuentra en un proceso de transición de un sistema que descansaba en la autoridad y el prestigio de tres grandes figuras nacionales, el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez, a una democracia que por vez primera empieza a descansar en la fuerza emergente de sus instituciones.

Algunas de las tensiones y dificultades que hemos vivido como parte de este proceso, pudieron haberse evitado si hubiese habido una mayor persistencia en la necesidad del diálogo, y se pueden evitar en el futuro si podemos ponernos de acuerdo en la creación de nuevos mecanismos institucionales que permitan la participación e integración de las distintas fuerzas del país en la toma de decisiones y en la selección de los funcionarios que han de dirigir las instituciones que gravitan en el destino de la vida nacional.

Para avanzar en esta dirección, proponemos la subscripción de un Pacto Histórico entre las fuerzas vivas del país que garantice la continuidad del crecimiento y la estabilidad de nuestra economía, la moderación en el ejercicio de la política y la armonía social.

No se trata de un pacto que constituya una respuesta a una necesidad del momento, o como se dice en el lenguaje de los políticos, a una situación de coyuntura.

Se trata de algo más profundo y trascendente. Es el de crear la nueva institucionalidad democrática que permita al país continuar fortaleciendo su sistema político, fundado en la pluralidad y en la diversidad, con nuevas reglas de juego, de tal manera que la actual transición hacia la plena separación de los poderes públicos no quede frustrada debido a la supervivencia de normas y principios que ya no tendrían razón de ser en la nueva realidad política.

Sin pretender ser exhaustivos, para evitar conflictos en el futuro convendría, por ejemplo, que los integrantes de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral fuesen elegidos por organismos colegiados y plurales, como es el caso del Consejo Nacional de la Magistratura.

Que se consagrara en la Constitución el plebiscito y el referéndum como consulta popular en relación a aspectos fundamentales de la vida del país, la figura del Defensor del Pueblo y el recurso de amparo, para la protección más efectiva de los derechos individuales.

Que la reforma a la Constitución se haga a través de una Asamblea Constituyente con participación de toda la sociedad.

Hacer más representativo nuestro sistema político estableciendo los distritos electorales y creando mecanismos más eficientes de rendición de cuentas por parte de los funcionarios, e instituir el derecho a la paz como expresión última de la voluntad de la nación para dirimir sus conflictos internos.

La historia nos enseña que donde intervienen diversas fuerzas sin que una de ellas pueda imponerse a las demás, necesita establecerse un sistema de equilibrio de poderes.

Esa fue la gran sabiduría de los estadistas que dirigieron los destinos de los pueblos de Europa luego del fin de las guerras napoleónicas. La importancia, desde el punto de vista de la historia, que tiene el Congreso de Viena celebrado en 1815, es el de que garantizó, con la salvedad de la guerra de Crimea y la guerra franco-prusiana, un siglo de paz en el viejo continente.

Esa paz quedó interrumpida cuando se perdió la noción del equilibrio de poderes y de inmediato se produjo la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918.

Lo que ocurre en el ámbito de la política internacional se genera de igual manera en el campo de la política doméstica. Cuando diversas fuerzas con gran apoyo compiten, ninguna de ellas puede intentar avasallar a las demás. Se requiere un sentido de equilibrio que permita la supervivencia de todos y la garantía de la paz.

El nuevo modelo de democracia que estamos empezando a experimentar en la República dominicana, requiere, como ha dicho un apreciado abogado y escritor de Pimentel, Manuel Mora Serrano, de «cabezas frías», es decir, de líderes capaces de actuar con moderación, sentido del equilibrio y responsabilidad en favor del interés nacional.

Nuestro problema, como puede apreciarse, no es pues, un problema de la democracia, como tal. Es más bien, un problema de mecanismos institucionales que han quedado rezagados y del temperamento y humor de algunos de nuestros políticos que consideran que en cada oportunidad que se les presenta para actuar, deben hacerlo con lenguaje intimidatorio, con estridencia y con espíritu de escándalo.

Para dar los pasos iniciales a fines de arribar a la suscripción de ese gran Pacto Histórico que en estos momentos demanda la República Dominicana, extiendo una formal invitación al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista Social Cristiano y al Partido de la Liberación Dominicana, para que el próximo miércoles 3 de marzo, a las seis de la tarde, nos encontremos en el Palacio Nacional para realizar la primera jornada de trabajo en la edificación de lo que habrá de ser el nuevo hogar de la democracia dominicana.

Señores legisladores:

Albert Camus, el escritor argelino que participó en la resistencia francesa contra los nazis, influido por la novela de Daniel de Foe, escribió una pequeña obra maestra de la literatura universal que refleja el estado de ánimo de su época al fin de la segunda gran hecatombe mundial.

Esa obra, titulada La Peste, es una alegoría a la angustia existencial motivada por el absurdo por el que atraviesa un pueblo que, sin embargo, alberga esperanzas, sueños y utopías.

No hagamos de la democracia dominicana una angustia para este pueblo. No la transformemos en un absurdo. No la convirtamos en la peste del final del siglo. Volvamos al reencuentro con nuestras raíces, a la búsqueda de nuestra identidad, a las causas que dieron origen a nuestra existencia como nación.

Hoy, al cumplirse 155 años de nuestra Independencia, el ejemplo imperecedero de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios se torna más genuino, más auténtico y más actual.

¿No fue acaso el genio de Duarte el que lo condujo a pactar primero con un sector de los haitianos opuestos a Boyer, y luego con el sector conservador de la parte oriental para de esa manera garantizar que emergiera una entidad soberana e independiente como lo es la República Dominicana?

Si eso fue capaz de hacer el Padre Fundador de nuestra Nacionalidad, el más puro de todos los dominicanos, ¿por qué razón ante las vicisitudes que vive toda la humanidad, ante la incertidumbre que se extiende por diversos lugares del planeta, no podemos los dominicanos despojarnos de nuestro sectarismo y de nuestro infecundo apasionamiento y sentarnos, con actitud constructiva, en la mesa del diálogo, para proteger a nuestros ciudadanos de las asechanzas que amenazan a un mundo en convulsión?

La República Dominicana vive en estos momentos su edad de oro. Con alto crecimiento y baja inflación, con una apertura al mundo sin precedentes y con una marcada tendencia hacia la modernización, lo único que nos queda es lograr la armonía entre quienes compartimos la responsabilidad de dirigir los destinos nacionales.

Abandonemos el rencor y la intolerancia y aprovechemos esta oportunidad histórica que Dios nos ha brindado, para entregar a las generaciones del futuro, una República Dominicana moderna, unida, vigorosa, próspera y altiva, donde cada niño tenga la posibilidad de cultivar su inteligencia, cada joven, la oportunidad de emplear su capacidad de trabajo, cada mujer dónde parir sus hijos con dignidad y donde cada anciano reciba la seguridad y la protección de una Patria generosa que en cada momento premia y reconoce el valor de sus mejores hijos.

Hagamos realidad el Pacto Histórico que estos tiempos demandan.

Que Viva la República Dominicana.