En Consejo de Gobierno Ampliado Discurso del presidente de la República

Por: Leonel Fernández |



Honorable Señor Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, Señor Secretario de Estado de la Presidencia, licenciado Danilo Medina, Señores Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Funcionarios en sentido general, Señoras y Señores:

En el discurso de toma de posesión del pasado 16 de agosto, tuvimos la oportunidad de esbozar las líneas generales de lo que sería la política anticorrupción de este Gobierno.

Y pusimos especial énfasis en esa ocasión, de lo que serían esas líneas generales de lucha anticorrupción porque la credibilidad y legitimidad de un Gobierno descansa, efectivamente, en el nivel de confianza pública que pueda suscitar por un manejo transparente de sus acciones.

En el ejercicio de esta gestión de Gobierno hemos reiterado esos valores y esos principios. En el día de hoy, reafirmo el compromiso que tiene nuestro Gobierno de dar una lección al pueblo dominicano del compromiso real e inquebrantable que nosotros tenemos que llevar a cabo una gestión transparente, una gestión moralmente incuestionable.

Nosotros creemos que la lucha anticorrupción no es la persecución política de los adversarios; una lucha anticorrupción se fundamenta esencialmente en poder garantizar rendición de cuentas, transparencia, cumplimiento por los deberes establecidos en la Constitución y en las Leyes por parte de los actuales miembros del Gobierno, así como de los Gobiernos anteriores y de los Gobiernos futuros que pudieran presentarse.

Obviamente, que mi interés como Presidente de la República es preservar la integridad moral de esta gestión y, eso, no puede quedarse en un ámbito exclusivamente de retórica, tenemos que establecer mecanismos institucionales que establezcan controles, que establezcan una fiscalización de lo que se hace en todo el ámbito de la administración pública para cumplir con esta obligación de transparencia e integridad en el manejo de los fondos públicos.

Es inspirado en ese criterio, que procedimos mediante Decreto a la creación de la Comisión Nacional de Ética. Esa Comisión Nacional de Ética está integrada por funcionarios del Estado, así como por representantes de la sociedad civil y de las iglesias.

La preside el doctor José Joaquín Bidó Medina, que es secretario de Estado, asesor Especial del Presidente de la República y ahora, presidente de la Comisión Nacional de Ética; el doctor César Pina Toribio, en su condición de Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; el doctor Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República.

Ahora, esa Comisión dispone de la asistencia de una unidad técnica que tendrá a su cargo la formulación de propuestas y un plan de acción de lucha anticorrupción, y estará integrada por el licenciado Gustavo Montalvo, en representación del Gobierno dominicano, quien fungirá como coordinador de esa unidad técnica; el doctor Octavio Lister, en representación de la Procuraduría General de la República; el licenciado Daniel Omar Caamaño, en representación también de la Contraloría General de la República; el licenciado Julio Aníbal Fernández, en representación de la Secretaría de Estado de Finanzas; el padre Víctor Masalles, en representación de la Iglesia Católica; el licenciado Celso Marranzini, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); el licenciado Ramón Tejeda Holguín, en representación de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, y el licenciado Cristóbal Cardoza, en representación de las Iglesias Evangélicas.

Como ven, es una comisión que tiene una representación plural; intenta abarcar a representantes de distintos segmentos de la sociedad dominicana. Su tarea, conforme lo establece el Decreto, es contribuir al diseño y formulación de las políticas orientadas a llevar a cabo una política anticorrupción y a presentar para el mes de julio de este año, un plan de acción de políticas anticorrupción.

El Gobierno, por otra parte, ya está emprendiendo algunas tareas en concreto sobre todo en el ámbito legislativo, lo que tiene que ver con esto. Recientemente, hemos sometido al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Reforma Presupuestaria; un Proyecto de Ley sobre Reforma de la Contraloría y la Tesorería General de la República.

Todo esto lo que procura es crear nuevos mecanismos legislativos en la parte administrativa financiera del Estado que, efectivamente, garantice mayor transparencia, que garantice mayor idoneidad. De manera, que hemos estado trabajando en los instrumentos legales, los nuevos instrumentos legales que puedan garantizar la ejecución de esta política anticorrupción.

Pero nos parece que, además de los nuevos instrumentos legislativos, se requieren de medidas orientadas a un mayor control y fiscalización.

Dentro de esas políticas, por ejemplo, me permito sugerir a los integrantes de la Comisión Ética que hay que tomar en cuenta, que hay que valorar los mecanismos de compra por parte del Gobierno.

Cuáles son los criterios que en las distintas Secretarías y en los distintos departamentos se aplican para adquisiciones y compras por parte del Gobierno. Entendemos que debe ser una política, una disposición a ser aplicada por todos los organismos del Estado, el someter a licitación todo lo que tenga que ver con adquisiciones y compras por parte del Estado.

La Comisión debe tener una relación directa con los encargados de compras de cada Secretaría de Estado, de cada Departamento y de todo lo que tiene que ver con el tren burocrático administrativo de la nación.

Saber quiénes son esos encargados de compras de cada Departamento; que la Contraloría y la Tesorería Nacional de la República con sus auditores trabajen directamente con ellos, para determinar los volúmenes de compras, determinar precios, determinar si efectivamente se han sometido a licitación pública y si cumplen con todas disposiciones que se requieren para una acción transparente.

Lo mismo con sistemas de contratación; hemos sometido, desde nuestra pasada gestión pública, un Proyecto de Ley orientado a establecer los mecanismos o criterios de sistemas de contratación de obras del Estado. Entendemos que hay que terminar con la práctica de que las obras del Estado se entreguen grado a grado; tiene que haber un mecanismo que garantice que efectivamente haya licitación pública transparente.

Entendemos que hay algunas obras pequeñas de menor cuantía que para acelerar su ejecución en las distintas comunidades y permitir que profesionales de las comunidades puedan participar, eso podría considerarse mecanismos de sorteos y algunos otros mecanismos de adjudicación que también garanticen la transparencia.

Pero las obras que involucran determinados montos, por sus cuantías, por su importancia inevitablemente tienen que ser sometidas a concurso público.

Nosotros tenemos que proceder a impulsar el Gobierno Electrónico, que permita colocar en línea, para que todos los ciudadanos lo vean, todas las transacciones que el Gobierno hace; el monto de esas transacciones con quien se hizo cuál es la firma que ha resultado beneficiada de una determinada aplicación para que la gente pueda comprobar la honestidad con que las cosas se hacen.

De manera que sistemas de contratación, de administración, de licitación, de adjudicación, de compras por parte del Gobierno tiene que quedar bajo la órbita de competencia de los miembros de la Comisión Nacional de Ética.

Y que la Comisión Nacional de Ética pueda valerse de todos los requisitos, todos los requerimientos, todo lo que necesite para poder llevar a cabo esta acción de profilaxis, si se quiere, con respecto al manejo de los fondos públicos.

En esta labor preventiva de manejos de los fondos públicos en el Estado Dominicano no estamos solos; hemos logrado tener el respaldo del Banco Mundial a través de su presidente, el señor James Wolfensohn, quien nos prometió que estaría con nosotros un especialista de la institución, el señor Dan Osffer, que trabajaría directamente con la Comisión Nacional de Ética.

De igual forma, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también han manifestado su interés de colaborar con el Gobierno dominicano en lo que atañe a este particular.

Con anterioridad, el país había suscrito la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, se adoptó en nuestra pasada gestión de Gobierno en el año 1998. En el día de hoy, les he convocado porque creo que asistimos a un hecho trascendente, el Gobierno dominicano somete al Congreso Nacional, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Anticorrupción, de manera que tendríamos dos instrumentos legales de carácter internacional que servirían de marco legal para la aplicación y ejecución de esta política anticorrupción en la República Dominicana.

La importancia de esos instrumentos legales internacionales es que parten primero de una definición de lo que ha de entenderse por corrupción. Y, efectivamente, la corrupción es un fenómeno que se asocia tanto al funcionario público como al sector privado. No se queda en el límite exclusivo de quien ejerce la función pública. Es todo aquél que amparándose en la función que desempeña, electa o por designación, utiliza en provecho propio, saca beneficios particulares a una acción que debe estar orientada hacia el bien común.

Y como este funcionario público ha obtenido un provecho particular se entiende que es en relación con un representante del sector privado. Y el representante del sector privado también queda responsabilizado de esta acción de participación en un acto de corrupción.

De manera, que la definición tanto de la Convención Interamericana como de la Convención de las Naciones Unidas es de que se trata de una coalición entre el sector público y sector privado frente a los cuales habría una acción penal de responsabilidad. En segundo lugar, esa corrupción puede ser en forma activa como en forma pasiva, puede involucrarse directamente como indirectamente. Si el funcionario que se vale de un tercero, ni siquiera participa él directamente, pero se vale de un tercero deliberadamente con la finalidad de obtener un beneficio que se deriva directamente hacia él o se deriva hacia una tercera persona con la acción que se está llevando a cabo, de modo que ese criterio de participación activa y pasiva también se establece.

Los distintos delitos como el soborno, el cohecho, la prevaricación, el enriquecimiento ilícito, todo está contemplado en estas convenciones y que al asumirlo se convierte en ley en la República Dominicana.

Por otra parte, estamos al asumir estos instrumentos legales en un sistema de colaboración judicial recíproca a nivel internacional, lo que significa que funcionarios judiciales de otros Estados puedan venir a la República Dominicana, contar con la colaboración del Estado dominicano en la tramitación de información que permita establecer la responsabilidad de los hechos cometidos.

Está la detección de lo que podríamos llamar la fuente del delito, lo que permitiría su posterior embargo, el decomiso de esos bienes y su puesta en manos de las autoridades judiciales. Entendemos que la acción y aplicación de estos instrumentos legales coloca a la República Dominicana en una postura donde la lucha contra la corrupción no sólo se da en el contexto y en el marco de lo nacional, sino que también forma parte de la comunidad internacional; en una colaboración recíproca entre Estados.

Entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que hayan suscrito estas convenciones, se establece esta colaboración entre los distintos Estados suscribientes.

Lo que quiero señalar, lo que quiero enfatizar es que no vamos a permitir que esta gestión de Gobierno se manche, se enlode, se desacredite por acciones de

funcionarios que no logran entender que su responsabilidad es una responsabilidad sagrada frente al pueblo dominicano.

Este país ha sido objeto en múltiples ocasiones de saqueos y latrocinios. La paciencia del pueblo dominicano se agota, y nosotros hemos llegado al Gobierno para consolidar las instituciones democráticas en este país y para reafirmar valores y principios.

En eso no podemos fallar. Pero insisto, no puedo quedarme en una lección de moralidad ni podemos quedarnos en un plano de pura retórica. Yo quiero dejar en manos de la Comisión Nacional de Ética todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción; en la formulación de políticas, en la formulación de medidas, en la adopción de medidas preventivas y en proceder a investigar y en someter ante las autoridades judiciales todo lo que tiene que ver con corrupción.

Me desligo personalmente de todo juicio de valor sobre este particular, delego con su independencia absoluta ante la Comisión Nacional de Ética para que prevenga, investigue, examine y someta funcionarios del actual Gobierno, funcionarios del anterior Gobierno, despolitizando sin ver en esto un problema de persecución de adversarios políticos, sino simple y llanamente cumpliendo con un deber sagrado que es el de ser guardianes, centinelas y garantes del bienestar de la República Dominicana y de lo que es su patrimonio.

Yo creo que con eso, estaremos dejando bien clara una lección hacia la sociedad dominicana de que aquí hemos venido a crear las condiciones de un verdadero Estado democrático de derecho que se fundamenta en la transparencia, en la integridad y en la honestidad.

Muchas Gracias.