Palabras pronunciadas en la Cumbre extraordinaria de jefes de estado y de gobierno, en RD

Por: Leonel Fernández |



Dominicanos:

Esta noche no nos proponemos pronunciar un discurso.

Nuestro interés consiste, mas bien, en sostener una especie de conversación o diálogo coloquial sobre un asunto de capital importancia para el porvenir de nuestra nación, pero que al mismo tiempo, por sus complejidades técnicas y su lenguaje especializado se hace necesario una explicación clara y comprensible.

Me refiero a los problemas de la economía.

La economía es una rama tan complicada de los conocimientos humanos, que hasta el propio Winston Churchill, quien además de líder del pueblo inglés durante los años de lucha contra el fascismo alemán fue Premio Nobel de Literatura, llego a decir que era capaz de entenderlo todo, menos la economía.

Por supuesto, Winston Churchill, tal como apunta un notable economista norteamericano, John Kenneth Galbraith, exageraba; pues tanto él como cualquiera que se disponga a estudiar los problemas económicos descubre que no se trata de ningún misterio, sino de algo perfectamente comprensible para cualquier inteligencia humana.

Cuando se empieza a estudiar la economía como forma de conocimiento organizado, se descubre que los profesionales del área la dividen o clasifican en dos: macroeconomía y microeconomía.

La macroeconomía es el estudio del comportamiento de la economía como un todo.

Eso significa que la macroeconomía estudia todo lo relativo al nivel de desempleo que hay en un país, el nivel de precios de los artículos de consumo de la población, así como el íngreso nacional.

La microeconomía, por su lado, representa la parte del análisis económico que estudia las decisiones de los individuos, empresas y corporaciones, de manera particular.

Los economistas analizan y examinan tanto los factores macroeconómicos como los microeconómicos, pues en la práctica éstos acaban relacionándose; pero cuando el objetivo es comprender como funciona la economía de un país, entonces el tipo de análisis que predomina es el macroeconómico.

En estos momentos, la República Dominicana tiene una estabilidad macroeconómica, que en términos comparativos con países de América Latina resulta envidiable.

¿Que queremos decir con esto ?

Que el Producto Interno Bruto, que se define como el valor de mercado de la totalidad de bienes y servicios que produce un país en un período, ha crecido a una tasa cercana al 6 por ciento y la inflación no alcanzará el 5%.

Como ustedes saben, hay inflación cuando aumenta el promedio de los precios de todos los bienes y servicios que produce la economia.

La balanza de pagos, que como ustedes saben, recoge el total de las transacciones económicas entre dos naciones, tales como exportación, importación, movimientos internacionales de capitales, transacciones oficiales de gobiernos y bancos centrales. En el caso nuestro, de la República Dominicana, se mantiene con un ligero superávit.

La tasa de cambio, es decir, el valor del peso dominicano en relación con el dólar norteamericano, se ha mantenido estable, con tendencia a bajar; y las finanzas públicas, que tiene que ver con la relación entre ingresos y gastos del gobierno, se mantiene próxima al equilibrio.

Todo esto se ha logrado, a pesar de que algunos analistas políticos expresaban sus temores de que con la ascensión nuestra al poder, esos indicadores macroeconómicos que acabamos de presentarles iban a experimentar un cambio negativo.

No ha ocurrido asi; y ahora, al prácticamente terminar el año 1996, la República Dominicana exhibe una situación de estabilidad macroeconómica.

Al llegar hasta aqui, algunos de ustedes pensarán que la situación económica del país está muy bien.

Pero esa sería una conclusión precipitada, pues en la actualidad hay algunos factores que amenazan la continuidad de esa estabilidad macroeconómica; y por esa razón, ustedes habrán visto en la televisión, o escuchado en la radio, o tal vez leído en los periódicos, que en las últimas tres semanas me he reunido aquí, en el Palacio Nacional, con sectores empresariales, laborales, religiosos, directores de medios de comunicación y productores de programas de radio y televisión, y fuera de aqui, tanto con el doctor Joaquín Balaguer como con el doctor José Francisco Peña Gómez, con la finalidad de explicarles y recabar su comprensión respecto a una potencial crisis fiscal que pudiera presentarse con motivo de la ejecución del presupuesto y ley de gastos públicos proyectado para el año 1997.

¿En qué consiste el criterio de una potencial crisis fiscal que pudiera alterar la situación de estabilidad macroeconómica que hoy día tiene la República Dominicana?

Consiste en que los gastos del gobierno han aumentado sin que eso se corresponda con un aumento proporcional de los ingresos que recauda el Estado.

En primer lugar, el gobierno heredó y confronta una voluminosa deuda interna. Para depurar estos compromisos nombramos una comisión especial, y de acuerdo con resultados preliminares esa deuda es cercana a los 12 mil 500 millones de pesos.

En segundo lugar, las cuentas del gobierno presentaban en agosto del presente año una baja de más de mil 200 millones de pesos en el Banco de Reservas en relación al nivel existente en diciembre de 1995.

Esa baja de depósitos del gobierno en el Banco de Reservas tiene el mismo efecto que un aumento en el crédito del Banco de Reservas al Gobierno. Los aumentos en el crédito al gobierno, al subir el nivel de gastos de la economía, crea presiones inflacionarias, y atentan, por consiguiente, contra la estabilidad macroeconómica.

En tercer lugar, recibimos una situación monetaria afectada por la crisis del sistema bancario privado, lo que representó un costo para el Banco Central superior a los mil millones de pesos.

Esa expansión monetaria es equivalente a una emisión inorgánica de dinero, con la única diferencia de que en este caso el beneficiario no fue el gobierno, sino el sector privado.

En ausencia de politicas de restricción monetaria sobre el sector privado, esa emisión se traduce en pérdida de reservas y presiones sobre la tasa de cambio y los precios internos, con lo que a su vez afecta la estabilidad macroeconómica.

Las empresas públicas acusan un evidente colapso, a pesar de que en los primeros ocho meses de este año el gobierno del presidente Joaquín Balaguer transfirió al CEA y a la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), mas de mil 200 millones de pesos, y el Banco de Reservas otorgó créditos por un monto de 405 millones de pesos.

Para 1997 se ha previsto que sólo a la Corporación Dominicana de Electricidad y al Consejo Estatal del Azucar el gobierno central tendrá que entregarles, en calidad de subsidios, 3 mil 170 millones de pesos, un monto equivalente a más del 10 por ciento del presupuesto nacional.

En 1997, la economía deberá enfrentar un servicio de la deuda pública externa de 449 millones de dólares, lo que convertido en pesos dominicanos, representa 6 mil 286 millones, cantidad equivalente al 20 por ciento del monto del presupuesto.

A pesar de que ustedes se habrán dado cuenta que tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en la última Cumbre Iberoamericana, me he referido a lo agobiante que resulta el pago de la deuda externa, lo cierto es que al margen de una acción internacional conjunta, el país tiene pocas posibilidades para una renegociación de dicha deuda.

Es importante aclarar que al hacer referencia al monto de la deuda externa, no hemos mencionado los 247 millones de dólares que se han acumulado en atrasos al pago de la referida deuda con gobiernos y suplidores extranjeros, específicamente con los Estados Unidos, Programa CCC y con las empresas que construyeron la terminal de GLP de Opuvisa.

La renegociación de dichos atrasos implicará probablemente pagos de divisas adicionales a los ya mencionados 449 millones de dólares como servicio de la deuda externa.

Por tanto, el gobierno, además de los 6 mil 286 millones de pesos que debe entregar al Banco Central por concepto del servicio programado de la deuda externa, tendría que buscar todavía una cantidad adicional de pesos para honrar parte de esos atrasos y evitar que el servicio de la deuda externa genere mayor inflación.

Los problemas que hemos descrito, todos los cuáles apuntan a aumentar los gastos del gobierno, se combinan con otros, como la tasa cambiaria, que como hemos dicho consiste en el valor del peso dominicano en relación con el dólar norteamericano.

En la actualidad, hay dos tasas. Una oficial, de 12 pesos con 87 centavos por dólar, y otra, la del mercado libre, que durante los primeros ocho meses de este año promedió cerca de 14 pesos por dólar.

Esto conlleva a que cuando los exportadores entregan sus divisas al Banco Central y se les paga una tasa de RD$12.87 por dólar, se les está penalizando con RD$ 1.13 por cada dólar que venden al Banco Central.

En la practica esto equivale a un impuesto oculto o escondido, y resulta que éste representa para los exportadores una pérdida de ingresos superior a los mil 200 millones de pesos.

¿Puede un país estimular el crecimiento de sus exportaciones, tan necesario para mejorar nuestra balanza de pagos y nuestro desarrollo, con tan injusto trato?

¡ Claro que no !

Pero también hay que decir que el establecimiento de una sola tasa de cambio, que es lo que se denomina unificacion cambiaria. Los recursos adicionales que se obtendrian de las aduanas y otras fuentes de ingresos fiscales no alcanzarian para compensar la pérdida de ingresos del diferencial del petróleo, el pago de la deuda extema todo lo cual conllevaría a que el gobierno tenga que buscar mas pesos dominicanos para convertirlos en dólares.

He mencionado el término diferencial de petróleo, que hace referencia a un tipo de impuesto que figura en nuestra economía, y aunque será durante nuestra conversación de mañana cuando podremos apreciar su alcance dentro del conjunto de la economía nacional, por el momento basta indicar que el mismo exhibe una fuerte dependencia del tipo de cambio, esto es, del valor del peso dominicano frente al dólar, y de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Por otra parte, nuestro sistema tributario muestra una altísima dependencia de los impuestos a la importación, conocido con el nombre de aranceles. Estos representaron en 1995 el 27 por ciento del total de ingresos tributarios del país, cuando el promedio en América Latina era de apenas de 11 por ciento.

La República Dominicana se comprometió en el 1994, en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas, celebrada en Miami, a eliminar los aranceles a partir del año 2005.

Por consiguiente, mantener ese nivel de dependencia respecto de los aranceles, no tiene ningún sentido. Nuestro país no puede aislarse de los procesos de integración comercial que se están produciendo en el resto del Continente.

Sin embargo, en la medida en que vayamos profundizando la reducción del arancel, para adaptarnos a las corrientes de integración, que es a lo que llaman apertura comercial, los ingresos del gobierno por la vía de las aduanas se Irán reduciendo, lo que deterioraría aún más la situación fiscal si no tomamos medidas compensatorias.

La dependencia de los ingresos fiscales del gobierno a diferencia de la situación de los aranceles se combina con la debilidad de nuestra administración tributaria, que es una de las causas de la enorme evasión fiscal, o no pago de impuestos, que tiene lugar en el país. En la República Dominicana hay evasión en el pago del Impuesto sobre la Renta, en el pago del ITEBIS, en el impuesto a la vivienda suntuaria y en los impuestos de importación.

La declaración continua de pérdidas de parte de más de tres mil empresas, la sub-evaluación de las ventas y las importaciones, y el cobro del ITEBIS al consumidor no reportado al gobierno, son las fuentes más importantes de la preocupante evasión fiscal.

En otro orden de ideas, cabe señalar que los empleados del sector público se caracterizan por los bajos niveles de salarios que reciben, lo que ha provocado un éxodo de los mejores recursos humanos hacia el sector privado.

Un reajuste moderado de los salarios en la administración pública produciría un aumento en el gasto cercano a 2 mil millones de pesos al año, y hacerlo sin contar con ingresos fiscales adicionales, conduciría al resurgimiento del fenómeno de la inflación.

De igual forma, nos encontramos con cientos de obras de infraestructura, iniciadas por el gobierno del doctor Balaguer, sin terminar. Sería una irresponsabilidad nuestra dejarlas en el abandono. La idea de que el gobierno no debe continuar invirtiendo recursos en el área de la construcción no es correcta, pues no sólo se contraería significativamente la economía, sino que se elevaría de manera considerable el índice de desempleo.

Más de 200 mil obreros de la construcción quedarán afectados si el gobierno elimina la inversión en infraestructura física durante 1997.

Sin embargo, la culminación de esas obras demandaría no menos de 5 mil millones de pesos durante el próximo año, sin contar los recursos que ha destinando el presente gobierno a nuevas obras prioritarias y al mantenimiento de las existentes.

Finalmente, el gobierno mantiene un nivel de inversión en los sectores sociales que no guarda relación con las necesidades reales de la población.

Mientras en América Latina los gobiernos invierten cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto en salud y educación, en la República Dominicana el gobierno invierte tan solo un 3 por ciento.

Para colocarnos a la altura del nivel promedio de los demás países de América Latina, el gobierno tendría que aumentar anualmente la inversión en salud y educación en 3 mil millones de pesos al año; y ocurre que la precariedad actual de las finanzas públicas no permitiría al gobierno llevar a cabo esa tarea, a no ser que se elimine por completo la inversión en obras del Estado.

Como habrán ustedes podido advertir por mis palabras, la situación macroeconómica y fiscal en la República Dominicana, si bien en la actualidad es buena comparada con otros países de América Latina, resulta, sin embargo, frágil.

De mantenerse el estado actual de ingresos, los economistas afirman que para 1997 la presión tributaria será de apenas un 13 por ciento del Producto Interno Bruto, ya que el alza de los precios del petroleo en el mercado internacional provoca una disminución en los ingresos percibidos por el Estado.

Nuestras acciones encaminadas a incrementar el gasto social y la inversión pública, el pago por servicio de la deuda demandarían del gobierno un nivel de gasto cercano al 23 por ciento del PIB en 1997.

Eso significa que el déficit potencial de nuestra economía sería de un 10 por ciento del PIB.

¿Que hacer ante esa situación?

Como lo que hace falta es dinero, álguien podría pensar que lo que conviene hacer es desempolvar la vieja maquinita de imprimir billetes del Banco Central. En otras palabras, hacer emisiones de dinero inorgánico o sin respaldo.

Pero eso, que sería lo mas fácil de hacer, no se puede. Emitir dinero inorgónico, después de todo lo que hemos visto en nuestro país, sería un genocidio contra los grupos de más bajos ingresos, pues son ellos los que más sufren con la inflación que se produce con dichas emisiones.

La época de la emisión de dinero inorgánico ya pasó, y el pueblo dominicano puede tener toda la seguridad de que este gobierno no va a incurrir en déficits fiscales. Es decir, no va a gastar más de lo que recibe, y por consiguiente, no utilizará créditos o emisiones inorgánicas del Banco Central ni líneas de crédito del Banco de Reservas para financiarse.

Pero también deben ustedes tener la seguridad de que este gobierno no está dispuesto a cruzarse de brazos ante la insuficiencia de ingresos fiscales para atender las demandas sociales, así como para satisfacer los justos reclamos de los barrios pobres de nuestras ciudades y de las comunidades campesinas que se expanden por todo el territorio nacional.

Para el gobierno, así como para toda la nación, no emprender algunas medidas con la finalidad de revertir el déficit fiscal, conduciría a una especie de reproducción de la crisis del 1990, cuando se desató una situación de escasez de productos básicos consumidos por el pueblo y una inflación que llegó al 100 por ciento.

Afortunadamente, los economistas nos enseñan que los males económicos tienen solución. Lo único que se requiere es tomar las medidas adecuadas en el tiempo oportuno para garantizar el crecimiento económico y el bienestar colectivo de la sociedad.

En el transcurso de esta serie de intervenciones les anunciaremos cuáles serán las medidas que estamos proponiendo para evitar caer en la crisis que ya sufrimos, y por el contrario, convertir el desafío que los nuevos tiempos nos presentan como una oportunidad para renovar nuestra grandeza como pueblo, y recibir, como en todos los momentos estelares de nuestra historia, la oración agradecida de sus mejores hijos y la bendición de Dios.

Muchas Gracias. Buenas Noches.